El presidente venezolano Nicolás Maduro subió el salario mínimo y entregó cientos de casas gratuitas ayer en un intento por contrarrestar un movimiento de protestas que cobra fuerza y exige su destitución.
Al mismo tiempo, el papa Francisco pidió ayer a los líderes del gobierno y de la sociedad de Venezuela que eviten más violencia en el país, aludiendo al creciente número de fallecidos, heridos y presos.
En su programa televisivo de todos los domingos, Maduro anunció que ha dispuesto un aumento de 60% al salario mínimo a partir del lunes en el país. El incremento es el tercero que el gobernante ha ordenado este año y el quinto desde que asumió la presidencia en 2013. Se trata de un pequeño respiro para los trabajadores, cuyo poder adquisitivo se ha visto erosionado por la devaluación y la inflación más alta del mundo, que alcanzará 2,000% el año entrante, según el Fondo Monetario Internacional.
“Nosotros estamos aquí para cuidar a los trabajadores, nosotros estamos aquí para cuidar a los humildes y no cuidar privilegios de las oligarquías”, señaló Maduro.
Maduro también atestiguó cuando funcionarios en diversos estados entregaron las llaves de centenares de nuevos apartamentos, algunos construidos con financiación china, lo que elevó a 1.6 millones el número de unidades de vivienda pública construidas bajo un programa que inició el ahora fallecido presidente Hugo Chávez.
Ambos anuncios antecedieron a las marchas rivales que simpatizantes del gobierno y opositores a Maduro efectuarán hoy para conmemorar el Día del Trabajo.
Las diversas protestas del último mes han dejado más de 20 muertos, centenares de heridos y cerca de mil 300 detenidos. Estas movilizaciones son las más cruentas en Venezuela desde la agitación de 2014, cuando hubo más de 40 fallecidos. Los manifestantes acusan a Maduro de llevar a Venezuela por el camino de la dictadura, y la agitación se debió a la decisión de la Corte Suprema favorable al gobierno de despojar al Congreso de sus últimos vestigios de poder.
LLAMADO
Francisco dijo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro que, unido a las familias de las víctimas en su dolor, hacía un llamado sincero “al gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite toda forma de violencia, se respeten los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas”.
Los venezolanos están cansados de las graves “crisis humanitarias, sociales, política y económicas” que afligen al país, agregó el pontífice.
Las tensiones políticas en Venezuela se han intensificado luego de dos sentencias que el Tribunal Supremo emitió a fines de marzo, en las que asumió las atribuciones de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los legisladores. Aunque el máximo tribunal, acusado de estar controlado por el gobierno, revirtió los fallos, las protestas no han cesado y en ellas han perdido la vida 29 personas.
Tres responsables y 21 víctimas cuenta el MP
Un total de 21 asesinatos registra el Ministerio Público (MP) durante la represión de las protestas de la oposición, la incursión de funcionarios de seguridad y civiles armados en zonas residenciales y la violencia desatada en algunos casos desde que comenzó abril, reseñó ayer el medio caraqueño el-nacional.com. La lista de víctimas que se encuentra disponible en la página del Ministerio Público suma los ocho electrocutados durante un saqueo, que no contarían como homicidio. De las 21 víctimas mortales solo una es funcionario de seguridad del Estado y el resto son civiles. Ellos son: Jairo Ortiz, Daniel Quéliz, Miguel Colmenares, Gruseny Canelón, Bryan Jiménez, Carlos Moreno, Niumar Sanclemente (GNB), Paola Ramírez, Almelina Carrillo, Albert Rodríguez, Ramón Martínez, Francisco González, Kevin León, Mervin Fernández, Jesús Sulbarán, Renzo Rodríguez, Orlando Medina, Luis Márquez, Christian Ochoa, Juan Pernalete y Eyker Rojas. De ese grupo, 17 cayeron por heridas de armas de fuego, 1 por asfixia debido al uso excesivo de bombas lacrimógenas, 1 por detonación de artefacto explosivo y 2 por el impacto de objetos contundentes. Solo en 3 de los 21 asesinatos hay imputados y los presuntos responsables –3 funcionarios de seguridad del Estado y 1 civil– están detenidos.