Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) han intentado, sin éxito, concretar una reunión con el fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza, para que rinda informes sobre las investigaciones pendientes en su despacho.
Eduardo Valdés Escoffery, uno de los tres juristas que integran el TE, explicó ayer que desde hace una semana gestiona un encuentro con Peñaloza. “Hemos tratado de contactarlo, incluso hoy [miércoles], pero no hemos logrado confirmar su disposición de reunirse con nosotros.... queremos saber cómo andan las estadísticas, queremos saber qué casos está tramitando, qué tipo de denuncias son”, dijo.
Se intentó contactar directamente con Peñaloza, pero fue su jefe de Relaciones Públicas, José Félix Ardines, quien justificó que el funcionario no daría declaraciones, porque prepara una conferencia de prensa esta semana.
Además, indicó que la fiscalía se encuentra en plena mudanza a su nueva sede en Bella Vista.
La semana pasada, el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, resaltó que Peñaloza no cumple sus funciones constitucionales de investigar “transgresiones legales de los candidatos” a puestos de elección popular.
De igual manera, miembros de la sociedad civil y de los partidos políticos de oposición han cuestionado el papel de Peñaloza en ese despacho, por haber sido miembro activo y abogado del partido gobernante Cambio Democrático (CD).
Entre las acciones que se le critican está la de haber eximido de falta una cuña electoral del movimiento pro oficialista Panamá Avanza, contra el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, que cuestionaba su labor como alcalde de la capital. A pesar de la denuncia de “campaña sucia”, Peñaloza concluyó que no violaba “en ningún momento la ley electoral”.
También se cuestionó su decisión en el caso de las ambulancias públicas con lemas que promovían la reelección del diputado de CD Aristides De Icaza, en el circuito 8-5 [La Chorrera].
Peñaloza dijo en esa ocasión que como fiscal no podía investigar a diputados, y que eso le correspondía a la Corte Suprema de Justicia.
Mientras que en el polémico caso del corregimiento de El Bebedero, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos –donde salió elegida la candidata Nidia Cureña, del partido CD– determinó que no hubo compra de votos, como había sido denunciado formalmente.
En el caso de transfuguismo en la Asamblea, Peñaloza reiteró que sus funciones legales no le permiten investigar a diputados y que sería un caso que debería investigar la Corte Suprema.