Sociedad civil y actores políticos analizaron ayer cómo las reformas al Código Electoral impactarán los próximos comicios, a celebrarse en 2019.
El panel de expertos coincidió en que, pese a que hubo algunos avances para fortalecer la transparencia, quedaron deudas en temas como la igualdad de condiciones, transparentar más el origen de los recursos, garantizar la ubicación de mujeres en lugares expectantes y eliminar el clientelismo.
Otros aspectos, como las candidaturas independientes, los topes al financiamiento público y privado, la propaganda electoral, el uso de las redes sociales en campaña, el voto electrónico y los tiempos de la campaña, también fueron debatidos.
El politólogo y subsecretario del Centro de Iniciativas Democráticas de Panamá, Harry Bown Araúz, señaló que en las próximas elecciones habrá desigualdad en temas como el financiamiento público.
Con las reformas, el financiamiento público preelectoral fue aumentado de 40% a 50% del monto asignado. Este 50% se ha estimado en $50 millones.
“Ese dinero público, que debería servir para superar la asimetría, no lo hará, ya que el 96.5% irá destinado a los partidos políticos [...] 75% en función de los votos obtenidos por cada partido en la última elección, mientras que para los candidatos de libre postulación corresponderá 3.5%”, detalló Bown Araúz.
El politólogo resaltó, además, que la próxima campaña electoral será “abrumadora”, debido a la cantidad de dinero que podrán gastar los candidatos en solo dos meses.
A su vez, Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, destacó que las reformas electorales no eliminaron el “clientelismo puro y duro”.
Asimismo, cuestionó que el tema de la paridad de género ni siquiera se aprobó.
Entretanto, Jaén señaló que las próximas elecciones van a ser precedidas por un país que está afrontando “una grave crisis de institucionalidad”.
“Estamos hablando de unas elecciones en las que el Órgano Judicial y la Asamblea Nacional están pasando por su peor momento de credibilidad”, dijo Jaén.
La activista también advirtió que las reformas electorales no lograron justificar “los cientos de millones en financiamiento público privado, en un país donde no hay medicamentos”.
Otro de los panelistas presente fue el diputado perredista Quibián Panay, quien consideró que en el panorama de las próximas elecciones se evidenciarán “mecanismos más estrictos”.
En mayo pasado, el Ejecutivo sancionó la Ley 29 que reforma el Código Electoral. Entre otras cosas, se aprobó un tope de financiamiento de $10 millones para la campaña presidencial, anular la elección en caso de excederse de los topes, prohibir la publicidad estatal durante el proceso electoral e introducir el voto informado.