Una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que acogió un incidente de nulidad por violación del fuero electoral, permite al expresidente Martín Torrijos eludir las acusaciones de corrupción por la aprobación del contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).
Con el salvamento de voto de dos magistrados y la aprobación de los restantes siete que conforman el pleno de la Corte se declaró el cierre del proceso seguido a Torrijos.
El exmandatario fue vinculado en este caso varios años después de que el Ministerio Público iniciara la investigación en 2002.
Esto se produjo cuando el expresidente Ernesto Pérez Balladares aseguró que en una conversación con el exlegislador Manuel De la Hoz, este le confesó que Torrijos le ordenó el 28 de diciembre de 2001 buscar un dinero del Cemis.
En la declaración rendida por Pérez Balladares, este aseguró que De la Hoz dijo que Torrijos había recibido, de parte del Consorcio San Lorenzo, fuertes sumas de dinero que debía repartir entre miembros de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, tras la aprobación del contrato del Cemis.
Durante la instrucción sumarial, se utilizó la declaración de dos testigos protegidos, registrados bajos los nombres de Gabriel y Uriel, quienes aseguraron que Torrijos recibió una importante suma de dinero por parte del Consorcio San Lorenzo, y que en una ocasión se había coordinado con De la Hoz para buscar $200 mil en efectivo para llevar a la Asamblea Legislativa.
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, afirmó que no solo se trataba del caso Cemis sino el escándalo de soborno en el nombramiento de dos magistrados de la Corte.
Alegó que nunca existió una voluntad real para investigar este caso, considerado uno de los escándalos de corrupción más sonados en el país en los últimos años.