El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, rechazó una moción de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para que se declarara concluido el periodo de investigación al exmandatario, en el proceso que se le sigue en esa corporación por la supuesta comisión del delito de peculado en el otorgamiento de contratos para la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Ayer, durante una audiencia de control solicitada por el fiscal del proceso, Oydén Ortega, a fin de validar pruebas obtenidas a través de una asistencia judicial a Brasil, Sidney Sittón, del equipo de juristas que defiende a Martinelli, pidió a Mejía declarar concluido el periodo de investigación.
Sittón explicó que en otro proceso seguido a Martinelli la Corte dio como válido pasar de la fase de investigación a una audiencia de acusación, sin concretar el acto de imputación (en el proceso que se le sigue al también diputado del Parlamento Centroamericano por el supuesto espionaje a al menos 150 personas).
Para Sittón, en el caso antes mencionado el fiscal de la causa tomó como fecha de inicio de la investigación el momento en que se acogió la denuncia y no desde al acto de imputación, tal como lo establece el artículo 291 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, la petición fue rechazada por Mejía con el argumento de que Sittón no presentó documento alguno sobre la decisión de la Corte que citó.
Mejía también rechazó una solicitud de la defensa de Martinelli para que se dejara sin efecto la asistencia judicial obtenida en Brasil.
Durante su intervención, Sittón alegó que el fiscal Ortega se había excedido en el término que dispone el Código Procesal Penal para pedir la audiencia de control y poner las pruebas en conocimiento del juez de garantías y la defensa. En este punto, alertó que en el artículo 317 de la mencionada ley se precisa que “el fiscal deberá someter a control del juez de garantías las diligencias como operaciones encubiertas, incautación de datos y entrega vigilada en plazo no mayor de 10 días”.
Alegó que la fiscalía recibió la asistencia judicial de Brasil, que detalla los contratos suscritos entre la empresa Lerkshore International Limited –propiedad de Rubén De Ycaza– y la brasileña Prativita Nutricionales Ltda., por la suma de $15 millones 573 mil, para el suministro de comida deshidratada, mucho antes de solicitar la audiencia de control y por ello violó el artículo 371 del Código Procesal Penal.
Pero Mejía sustentó que en este caso la fiscalía no tenía necesidad de someter a una audiencia de control la solicitud de información hecha a Brasil y negó la solicitud de Sittón.
A su salida de la audiencia, el jurista reiteró que existe “una clara manipulación judicial en los casos de Ricardo Martinelli”.
Por este caso, el Juzgado Decimoquinto Penal llamó a juicio a De Ycaza; al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, y al exjefe de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti. También se ordenó la conducción de Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado de Martinelli.