En medio de protestas y paro de docentes contra el aumento de la tarifa eléctrica, el administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana; el secretario nacional de Energía, Víctor Urrutia; y el gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), Gilberto Ferrari, comparecieron ayer al pleno de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario relacionado con la coyuntura energética.
Pese a que la semana pasada el presidente, Juan Carlos Varela, anunció la suspensión del incremento –de 8.3%, válido para el segundo semestre de 2018– el cuestionario giró en torno a este tema.
Meana, por ejemplo, dijo que la tarifa eléctrica se rige por fórmulas con vigencia de cuatro años y que son revisadas cada seis meses. Explicó que la actualización tarifaria del segundo semestre de 2018 viene como consecuencia de la aplicación de normas recientemente aprobadas.
Asimismo, reconoció que es “difícil predecir” el impacto del alza en los costos de producción.
Varela ha manifestado que la única manera de que este tipo de ajuste a la tarifa eléctrica se pueda suspender, es que se asuma con cargo al Presupuesto General del Estado, por $60 millones.
El mandatario dejó claro que si la Asamblea no aprueba la dispensa fiscal y el Ejecutivo asume en su totalidad el ajuste de la tarifa, otras áreas de funcionamiento del Estado se verán afectadas.
Esto ha generado molestia en la Asamblea, que se declaró en sesión permanente para abordar el tema.
Las diputadas Dana Castañeda, de Cambio Democrático, y Ana Matilde Gómez, solicitaron al Ejecutivo presentar un proyecto de ley en el que se incluyan estos $60 millones, para “poder discutir a fondo” este tema.