Comunicadores mexicanos se manifestaron ayer ante la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior) para reclamar la ineficacia de las autoridades en la protección a periodistas amenazados tras el asesinato del reportero Cándido Ríos, el décimo este año en México.
“Nos preocupa mucho que una persona que estaba dentro del mecanismo de defensa de periodistas haya sido asesinado. Nos habían dicho que el problema de los asesinatos de periodistas era que no estaban dentro del mecanismo. Se cae este mito”, dijo Alejandro Meléndez, fotógrafo y uno de los organizadores de la protesta, en referencia a Ríos.
Cerca de medio centenar de comunicadores reunidos en la protesta colocaron en las escaleras, muros y acceso de la dependencia decenas de imágenes de Ríos, periodista del estado de Veracruz que fue asesinado a balazos el pasado martes.
Con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000, México es catalogado por oenegés como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y Veracruz, como el estado más letal, con una veintena ultimados.
Periodistas de Veracruz también se manifestaron por el homicidio de Ríos.
El periodista Wilbert Torre, otro de los organizadores de la protesta, reclamó que el “mecanismo de protección” no funciona, pese a que “cuenta con presupuesto, tiene supuestamente un aparato, una dirección, un cometido de proteger a los periodistas que se encuentran en riesgo”.
Más del 90% de los asesinatos de comunicadores siguen impunes, lo que envía a los atacantes “la señal de que puedes asesinar a cualquier periodista y no pasa nada”, añadió Meléndez.
Sobre los responsables de estos crímenes, Torre dijo que si bien se culpa generalmente a la violencia del narcotráfico, también viene desde esferas del poder, principalmente en pequeñas comunidades del país.
Cándido Ríos investigaba casos de corrupción de un exalcalde, lo que le valió amenazas de muerte.
Según la organización Artículo 19, Ríos es el segundo periodista asesinado a pesar de tener medidas del mecanismo de protección.
Este plan, creado en 2012 por el gobierno federal y al que se han acogido poco más de 530 comunicadores, ha sufrido serios recortes. En 2013 se le asignaron unos $2.1 millones y para este año se redujo a la mitad.