Todo lo presentado en esta nota tiene fines didácticos, y no supone o afirma la culpabilidad de Ricardo Martinelli por la comisión de delito alguno. El expresidente Martinelli mantiene la presunción de inocencia por todos los cargos en su contra.
En su dictamen del lunes 26 de noviembre, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía hizo un auto de llamamiento a juicio del expresidente de la República Ricardo Martinelli, fundamentado en las pruebas invocadas por la acusación y que como juez de garantías aceptó en esta causa.
De acuerdo con la acusación presentada por el magistrado Harry Díaz, fiscal del caso de los pinchazos, las evidencias recopiladas sugieren la posible comisión de dos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y otros dos delitos de peculado.
Según el escrito de acusación del magistrado Díaz, se configuraron los tipos penales de interceptación ilegal de las comunicaciones (pena de 2 a 4 años), al intervenirse las comunicaciones privadas de las presuntas víctimas identificadas en el caso. Además, según Díaz, se configura el tipo penal de la práctica ilegal de vigilancia y seguimiento (pena de 2 a 4 años), debido al ejercicio de rastreos o seguimientos no judicializados, de varios “objetivos.”
En cuanto a los delitos de peculado, lo presentado por el magistrado Díaz, y que fue aceptado por Mejía, presuntamente fundamenta la calificación de peculado por malversación (pena de 4 a 10 años) y el de peculado de uso (pena de 1 a 3 años), por la forma en que presuntamente se adquirió el equipamiento para las interceptaciones, se utilizó y supuestamente se sustrajo del ámbito estatal para transferirlo a una instalación privada y supuestamente haber sido desaparecida o puesta fuera del control de las autoridades.
Es claro que nada de lo anterior ha sido probado, ya que la práctica de pruebas se hace en la fase de juicio de este proceso. Esa etapa le corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia. En ese pleno no podrá participar el magistrado Mejía, por haberse desempeñado como juez de garantías, ni el magistrado José Ayú Prado, quien está impedido de participar porque es una de las presuntas víctimas de los pinchazos. El magistrado Harry Díaz se mantiene como fiscal de la causa, y como tal puede actuar ante el pleno de la Corte, pero no participa de las votaciones.
