Poco a poco, las informaciones que celosamente guardaban los secretos de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a unos 145 políticos y funcionarios de varios gobiernos de América Latina se van develando.
Tan solo ayer se conoció que en México el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la fiscalía de ese país entregar toda la información recabada sobre las irregularidades detectadas entre Petróleos de México (Pemex) y una filial del consorcio carioca, que suman cerca de 2 mil 500 millones de pesos (135 millones de dólares).
Informes de prensa indican que a pesar de que en otros países de la región varios funcionarios han guardado prisión por este escándalo de corrupción, en México esto no ha ocurrido.
Transparencia
El organismo autónomo de transparencia mexicano ha argumentado que la decisión de hacer públicos los documentos se debe a que el caso Odebrecht es un tema de interés público.
“Abona a la rendición de cuentas y permite a la sociedad tener el control sobre el actuar de la autoridad”, sostiene un comunicado de esta entidad,
El INAI asume esta trama de corrupción internacional como un “sentido reclamo social” y como “hechos que generan indignación y lastiman a la población”.
Lourdes Morales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas de México, celebró que la entidad haya decidido abrir los expedientes del caso Odebrecht.
No obstante, advirtió que en los estados se han aprobado leyes en los códigos penales para perseguir la búsqueda de información de los periodistas.
“Me preocupan algunas iniciativas que han salido en las entidades federativas, en contra de la búsqueda de información hacia entidades de seguridad, me refiero a las llamadas leyes halconeo, en donde 21 estados han impedido que periodistas y actores de la sociedad civil busquen esa información. Me parece que el SNT debe pronunciarse y evitar este tipo de disposiciones en el Código Penal que criminalizan la labor de los periodistas”.
Implicado
Uno de los principales señalados en México es el coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, Emilio Lozoya.
De acuerdo con Luis Alberto de Menseses Weyll, un directivo en México de la constructora brasileña, el funcionario mexicano recibió un soborno de 4 millones de dólares. Lozoya es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho.
El exdirector de la petrolera mexicana ha negado las acusaciones y ha retrasado el proceso judicial en su contra.
(Con información de los diarios El País de España, El Universal y Reforma, de México)