Una explosión en un oleoducto en México que mató al menos a 79 personas ha renovado la atención sobre la estrategia del Gobierno para detener el robo de combustible, mientras que familiares de las víctimas dijeron que la escasez de combustible derivada del plan fue lo que les llevó a arriesgar sus vidas.
Los ladrones de combustible perforaron el oleoducto Tula-Tuxpan, a pocos kilómetros de una de las principales refinerías de México el viernes. Según las autoridades, hasta 800 personas se reunieron para llenar los contenedores de plástico del géiser de gasolina de 7 metros que se produjo a continuación. Un par de horas después, explotó.
A finales del mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un programa para cerrar una red de distribución de combustible ilegal que arrebata aproximadamente 3 mil millones de dólares en combustible anualmente a la petrolera estatal Pemex.
El plan, que consiste en cerrar tuberías en las que una red de delincuentes instala válvulas para extraer el combustible, provocó escasez generalizada de gasolina en el centro de México en enero, incluso en Hidalgo, al norte de la ciudad de México. El sábado, la mayoría de las estaciones de servicio en Tlahuelilpan estaban cerradas.
Las encuestas muestran que las medidas han gozado hasta ahora de un apoyo público bastante amplio, a pesar de las dificultades y las largas colas en las estaciones de servicio.
El desastre en Tlahuelilpan, sin embargo, ha provocado un renovado escrutinio sobre la estrategia. López Obrador ha enfrentado repetidas preguntas sobre el desastre, exigiéndole que explique por qué los soldados desplegados para proteger el conducto no alejaron a las personas de la fuga y cómo de rápido se cortaron los suministros al conducto después de que Pemex detectara la fuga. Se informó que alrededor de 10 mil barriles de gasolina de alto octanaje estaban en el tramo de la tubería entre la refinería de Tula y la aldea cuando explotó el viernes.