Miles de brasileños volvieron ayer a las calles para expresar su hartazgo de la corrupción y denunciar las intrigas que buscan poner a salvo de la justicia a centenares de políticos.
Las protestas se iniciaron por la mañana en Brasilia y Río de Janeiro y seguirían por la tarde en Sao Paulo. Con dos lemas --“Fin de la impunidad” y “Renovación política”--, los participantes reclaman el fin del foro privilegiado para ministros y legisladores y critican las tentativas de amnistiar las donaciones no declaradas a campañas políticas (la “Caja 2”), que canalizaron millonarios desvíos de dinero público.
Los grupos que convocaron a los actos tuvieron un papel determinante en el juicio político de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff en 2016, pero su campaña de moralización de la vida pública choca con el gobierno de su sucesor conservador Michel Temer.
Se estima que más de 100 políticos --entre ellos media docena de ministros-- figuran en los pedidos de denuncias enviados este mes al Supremo Tribunal Federal (STF) por el fiscal general Rodrigo Janot, con base en confesiones de 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht.
Los manifestantes tienen divisiones entre sí, pero parecen unánimes en la defensa de la Operación Lava Jato --impulsada por el juez Sergio Moro--, que hace tres años desveló la existencia de una red de corrupción en la estatal Petrobras y ya llevó a la cárcel a decenas de peces gordos de la política y las finanzas.
“Lava Jato es nuestro patrimonio”, proclamó un orador desde un camión de sonido de la organización Vem Pra Rua (VPR, Sal a la calle) en la playa carioca de Copacabana.
“Los políticos están empavorecidos”, añadió.
“Estamos aquí para mantener viva la indignación”, dijo a la AFP Adriana Balthazar, diseñadora de moda y coordinadora en Río de VPR.
Ya en otras ocasiones, la presión de estos movimientos en la calle o en las redes sociales obligaron a Temer a frenar proyectos de amnistía de financiaciones ilegales de campañas electorales.
Ahora esperan que ocurra lo mismo con proyectos como el de organizar las elecciones de 2018 con un sistema de listas cerradas, que permitiría a políticos denunciados ser reelectos sin hacer campaña en nombre propio, ganando así un nuevo mandato de inmunidad parlamentaria.
La movilización no alcanzó sin embargo nunca el mismo volumen que el de 2015-2016 contra Rousseff y su predecesor Luiz Inácio Lula da Silva.
Ciertos analistas afirman que los brasileños, golpeados por más de dos años de recesión económica, podrían empezar a dar señales de cansancio ante la repetición de los escándalos.
El último de ellos fue el de los sobornos pagados por frigoríficos a inspectores para vender carne vencida, afectando las exportaciones de la potencia agroganadera sudamericana.