Miles de profesores, enfermeros, bomberos, policías y otras categorías de funcionarios brasileños participaron ayer en una protesta, empañada por violentos enfrentamientos, contra los planes de ajuste del estado de Río de Janeiro.
Con arengas desde camiones de sonido y silbatos, los manifestantes esperaban hacerse oír desde el interior de la Asamblea Legislativa del Estado de Río (Alerj), donde se discutían las medidas de austeridad impulsadas por el gobernador Luiz Fernando Pezao, del partido de centroderecha PMDB, el mismo del presidente Michel Temer.
Poco después del mediodía, unas decenas de personas que se desprendieron de la multitud consiguieron derribar dos altos vallados que rodeaban el edificio legislativo. Las fuerzas de seguridad utilizaron un cañón de agua, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para tratar de dispersar a la multitud que fluía masivamente hacia el lugar.
Tras esa reyerta, los manifestantes volvieron a cerrar filas y a congregarse ante el edificio de la Alerj. En los últimos días el gobierno regional dio marcha atrás en el proyecto de aumentar de 11% a 30% el descuento aplicado a las jubilaciones de los funcionarios públicos, que se limitaría ahora a 14%.
Otras propuestas prevén aumentos de las tarifas del transporte público, electricidad, gas y telecomunicaciones, así como recortes de programas asistenciales para sectores carenciados, como el de Alquiler Social y el de Renta Mejor.
En medio de la peor recesión nacional en un siglo y golpeado por la caída de los precios del petróleo, Río de Janeiro está prácticamente en quiebra con un déficit de 17 mil 500 millones de reales (5 mil 400 millones de dólares) previsto para este 2016.
Por otro lado, unos 40 manifestantes irrumpieron ayer en el plenario de la Cámara de Diputados en Brasilia para exigir una “intervención militar” en medio del clima político que se vive tras la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff.