El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, negó ayer que el presidente Nicolás Maduro -con baja popularidad y que enfrenta pedidos de renuncia y un posible revocatorio- se mantenga en el poder gracias al apoyo de militares y el Tribunal Supremo.
“Es mentira que la fuerza armada sostiene al Gobierno. El Gobierno se sostiene porque viene de elección popular; es el pueblo el que puso allí al presidente de la República”, dijo Padrino López en una entrevista televisiva, al ser consultado de si Maduro “es un presidente sin pueblo” y con “el apoyo exclusivo de la fuerza armada y el Tribunal Supremo”.
Desde la oposición se ha asegurado que el gobierno de Maduro, con una popularidad menor a 30%, se sostiene con la presencia de militares en su Gabinete y con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que con fallos emitidos en su Sala Constitucional ha chocado contra la actuación del Parlamento, controlado ampliamente por la oposición desde hace cuatro meses.
El oficial castrense consideró la supuesta debilidad del gobierno de Maduro como “una apreciación errática, desproporcionada y mezquina”.
Venezuela, sumida en una dura crisis económica que expertos ya catalogan de depresión, acumula mas de dos años de retroceso económico (-5.7% en el PIB en 2015), con inflación de 180.9% el año pasado y una escasez de productos básicos que supera el 67%.
En ese contexto, la oposición obtuvo 112 de 167 curules del Parlamento en las legislativas de diciembre pasado. Desde entonces la bancada opositora ha visto frenada su labor por decisiones del TSJ, que ha suspendido, anulado o regulado las actuaciones de control del Legislativo sobre el Ejecutivo.
La más reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ha sido en la noche del pasado viernes. El dictamen supone la suspensión de varios artículos del reglamento de funcionamiento del Parlamento -dominado por la oposición- y que, a juicio de expertos, es una intervención del Legislativo.
Una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ suspendió un puñado de artículos del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que fueron dictados cuando el chavismo dominaba el Congreso.
Estos artículos se refieren a la capacidad para debatir sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados, y a las potestades de la junta directiva -de oposición al chavismo- para dirigir los debates, la duración de las intervenciones de los legisladores o los puntos a tratar en las sesiones del Parlamento venezolano.
Algunas de las normativas que fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo son la de amnistía para los denominados “presos políticos” o la reforma al Banco Central.
Actualmente, la oposición discute en el Congreso una enmienda constitucional para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro de seis a cuatro años, y logró aprobar una ley de referendos que aceleraría la posible celebración de un revocatorio contra el presidente.