Los miembros de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, en el corregimiento de San Francisco, se notificaron ayer de forma oficial de la demanda civil que fue presentada en su contra por los representantes de la Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A., que forma parte del Grupo Suárez.
Esta compañía es la responsable de la construcción del edificio Wind Rose, ubicado en Coco del Mar.
La asociación presentó en julio de 2015 una demanda contencioso administrativa, a fin de que se declarara nulo por ilegal el permiso de construcción emitido por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá para este proyecto inmobiliario.
Luego de que la demanda fuera rechazada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los representantes de la inmobiliaria presentaron en noviembre de 2016 una demanda civil contra la directiva de la asociación, aduciendo que habían sufrido “daños y perjuicios económicos” por la paralización de la obra mientras era analizado el recurso presentado por los vecinos.
LA DEFENSA
Sobre el tema, Eduardo Guevara, abogado de los residentes, explicó que con esta demanda se pretende que los miembros de la asociación indemnicen a la empresa en concepto de daños y perjuicios por un monto de $5 millones.
Desde su punto de vista, la acción impulsada por la Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A., “es una forma de presión y hostigamiento judicial”, que limita el efectivo desarrollo de los derechos civiles.
En total, serían cuatro los miembros de la asociación demandados.
Guevara recordó que previo a este proceso, la compañía había presentado una querella penal en contra de la Asociación de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, en la que, además, solicitó la detención preventiva de los implicados. Sin embargo, precisó que este caso fue cerrado con un sobreseimiento provisional.
Por su lado, Ileana Molo, miembro de la Red de Derechos Humanos, señaló que este tipo de procesos en contra de los defensores de los derechos humanos se está haciendo cada vez más común en el país, lo que genera una “preocupante” realidad.
Señaló que, en atención a lo anterior, han puesto en conocimiento de la situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, Molo argumentó que el caso de Coco del Mar no es el único y mencionó otros activistas que también están atravesando procesos en los que han sido denunciados, entre ellos, Max Crowe, presidente de la Asociación de Residentes de Albrook en Ancón, así como los ambientalistas Basilio Pérez y Ligia Arreaga.
Esta última ecologista tuvo que abandonar el país, luego de que recibiera amenazas de muerte en la provincia de Darién, en medio de la defensa del humedal laguna de Matusagaratí, el cual fue declarado refugio de vida silvestre por el Ministerio de Ambiente a principios de este año.
Para atender la situación de los activistas, Molo propuso la creación en Panamá de una entidad o instancia en la que se pueda atender este tipo de hechos y en la que los defensores de derechos humanos no solo tengan voz, sino también voto.
“El objetivo sería que estos casos puedan ser resueltos en esa instancia y se deje de criminalizar a los activistas”, concluyó.