La empresa Minera Cerro Quema, S.A. dio ayer un ultimátum al Gobierno para que tome una decisión definitiva respecto a la extensión de la concesión que tiene en Tonosí, provincia de Los Santos, con el objetivo de adelantar un proyecto minero.
Giovanni Olmos, abogado de la compañía, subrayó que la situación “ha pasado el límite de la tolerancia y la paciencia”, y que la empresa ha fijado como fecha tope para que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) le brinde una respuesta el próximo 31 de diciembre.
Olmos añadió que si bien la empresa que representa cree en la seguridad jurídica, la “omisión” de las autoridades en este caso podría llevar a que la junta directiva decida tomar acciones legales local e internacionalmente.
Las declaraciones del abogado se dieron después de haber sostenido una reunión con el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Palacio. En el encuentro también estuvo José Bustamante, vocero de los trabajadores de la minera.
De hecho, Bustamante mostró su inquietud por el hecho de que actualmente son 89 los colaboradores directos que dependen de la operación de la empresa.
“No nos dijeron si van a prorrogar la concesión o no, así que la incertidumbre se hace más grande”, acotó.
Al respecto, el viceministro de Comercio Interior comentó que entiende las inquietudes de los trabajadores y de la empresa, sin embargo, dijo que se trata de un tema que debe ser visto de “manera delicada”, teniendo en cuenta no solo los factores económicos, sino también los ambientales y los de beneficio para la comunidad.
Así mismo, informó que el próximo viernes viajará a Tonosí para sostener un nuevo diálogo y evaluar en campo no solo el tema de las exploraciones mineras, sino también el tema ambiental.
Grupos como el Frente Santeño contra la Minería solicitaron al Gobierno que rechace la petición de Minera Cerro Quema.