Además de violar las leyes, el hospedaje clandestino se está convirtiendo en un problema que atenta contra los derechos humanos.
Esta semana, la Dirección de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) se encontró con extranjeros viviendo en baños de habitaciones y túneles habilitados en sótanos de casas.
Naydu Rudas, directora de Arrendamiento de esa entidad, subrayó que al día están recibiendo 12 denuncias por alquileres ilegales, aunque acotó que los reportes se incrementan a través de las redes sociales.
Otro aspecto que mencionó Rudas es que ya no se están alquilando habitaciones o apartamentos, sino camas, lo que también es una irregularidad.
La funcionaria explicó que tanto los inquilinos como el propietario deben registrar el contrato de arrendamiento ante el Miviot y la consignación del depósito, como lo establece la Ley 93 del 4 de octubre de 1973, que rige la materia.
“Hoy se alquila una cama hasta en 200 dólares, dependiendo de la ubicación. Están metiendo hasta 10 camas por habitación”, dijo Rudas, quien agregó que el concepto de alquilar una propiedad es para brindar un “espacio digno” al que lo necesita para vivir.
Por ejemplo, las autoridades del Miviot se encontraron el pasado miércoles con una casa en Bella Vista que alquilaba 36 camas en 6 habitaciones, a razón de 160 dólares por cama.
También han manifestado que este tipo de alquileres causa problemas como riñas, mala disposición de la basura y trampas eléctricas, lo que afecta a la comunidad.
ATP INSPECCIONA SITIOS
Otra entidad que participa en estos operativos es la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
Joahanna Franco, encargada del tema en esa institución, mencionó que las inspecciones obedecen a las quejas reportadas por los residentes del corregimiento de Bella Vista a la línea de denuncias 311.
La ATP informó que hasta la fecha se han efectuado unos 12 operativos con el fin de detectar hospedajes clandestinos en los corregimientos de Ancón, Bella Vista, San Francisco, Betania y Bella Vista.
Precisamente es en estos corregimientos donde se reporta la mayor cantidad de casos de alquileres ilegales.
En cuanto a la norma, la institución mencionó que la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012 establece, en el artículo 21, que se prohíbe todo arrendamiento inferior a 45 días en el distrito de Panamá a quienes no cuenten con permiso de alojamiento público turístico (edificios o residencias).
Dicho acto será sancionado por la ATP con multas que van desde 5 mil dólares hasta 50 mil dólares, dependiendo de la situación y si es reincidente.
A su vez, mencionan que el hospedaje clandestino afecta la seguridad pública, la del turista que ingresa al país; es foco de defraudación fiscal y se convierte en competencia desleal para los negocios que ejercen de forma legal esta actividad.
HOTELES, MOLESTOS
Por su parte, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) también se pronunció al respecto. Sara Pardo, representante de esa organización, indicó que el hospedaje clandestino está afectando “grandemente” a la industria hotelera.
“A nosotros como hoteles se nos exigen medidas de seguridad. Además, esto no es solo un tema de la industria hotelera, ya que también está en juego el tema de los empleos y aquellas familias que dependen de esto”, manifestó la empresaria.
Pardo estimó que el arrendamiento ilegal afecta entre 15% y 20% la actividad económica dentro de los hoteles.
Las estadísticas más recientes de la Contraloría General de la República en 2017 dan cuenta de que, de un total de 10 mil 500 habitaciones que hay disponibles en Panamá, cerca de 5 mil 333 se ocupan diariamente, lo que representa 51%. Mientras que el año pasado el porcentaje de ocupación oscilaba entre 55% y 60%.
“Este problema se está agudizando”, concluyó la presidenta de Apatel.