Mayer Mizrachi Matalon fue notificado ayer por la jueza decimotercera Penal, Alina Hubiedo, de la fianza de $100 mil que le concedió el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 19 de enero de 2016, y de una medida cautelar de impedimento de salida del país relacionada con el proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública [peculado], en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
El empresario fue llevado por agentes de la Policía Nacional (PN) al juzgado, luego de que llegó a la medianoche del miércoles al aeropuerto de Tocumen expulsado por las autoridades de Migración de Colombia, después de que la Cancillería de ese país le rechazó el último recurso legal al que tenía derecho, tras negársele un pedido de refugio.
Mizrachi estaba en Bogotá, Colombia, desde el 29 de diciembre de 2015 cuando fue detenido, tras un pedido de las autoridades panameñas relacionado a la investigación por presunto peculado en la instalación de un programa informático de seguridad denominado Criptext, en los estamentos de seguridad, pese a que se pagó por el contrato.
A su salida del juzgado, donde permaneció aproximadamente una hora en compañía de familiares y de su abogado, Mizrachi dijo que no le sorprendía su libertad, ya que existía una fianza que impide su detención. “Nosotros les hicimos un trabajo al Gobierno, que se trataba de una plataforma de comunicación, y ellos erraron a nivel administrativo, ya que nunca lo utilizaron”, argumentó.
Detalló que se le acusa de no haber entregado el producto a la AIG, pero que de por medio existía una fianza de cumplimiento del 100%, la que podía haber sido ejecutada para saldar cualquier incumplimiento del contrato. Sin embargo, la AIG nunca hizo efectiva la citada fianza de cumplimiento, aseguró.
“Le escribí en ocho ocasiones al director de la AIG, Irvin Halman, y le urgía para que la plataforma se volviera a usar, porque cuando él se hizo cargo de esa entidad se dejaron de usar”, aseguró Mizrachi.
Dijo que las plataformas fueron asignadas a funcionarios del Gobierno y que luego se dejaron de usar, por lo que se puede argumentar que nunca se entregaron.
“Es bueno que el señor Halman diese una explicación del porqué se dejó de usar la plataforma, ya que existe registro de su uso, y por qué ignoró las llamadas que le realizó el contratista”, enfatizó.
halman responde
Halman le respondió a Mizrachi. Referente a la fianza, explicó que primero esta era solo por el 10% del valor del contrato, y que esto expiró al momento en que se dio el recibido a satisfacción. O sea, eso se finiquitó, motivo por el cual no se pudo ejecutar, afirmó.
Con relación al uso de la plataforma, Halman aseguró que la AIG no podía utilizar las licencias en la entidad, ya que eran para uso exclusivo de los estamentos de seguridad, que no la requirieron.
Indicó que, adicionalmente, había una auditoría interna que se estaba efectuando desde mayo de 2014, con hallazgos de supuestas irregularidades, y las licencias del programa ya vencían en diciembre de ese año.
Halman aseguró que siempre le respondió los correos a Mizrachi, como lo hacía con todos sus proveedores.
La investigación
El 7 de febrero de 2014, Mizrachi presentó al Gobierno una propuesta para la instalación del Criptext.
El 12 de marzo de ese mismo año es avalada la contratación directa, y el 1 de abril de 2014 es refrendada por la Contraloría, por un monto de $211 mil 850.
Una auditoría interna de la AIG reveló que Innovative Venture, empresa de Mizrachi, no cumplió con lo que establecía el contrato: la creación e integración de red única y privada para los estamentos de seguridad, Policía Nacional, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de la Presidencia y Ministerio Público. El compromiso era instalarle el sistema a 100 usuarios de esas entidades.
Posteriormente, en enero de 2015, el jefe de la AIG presentó la denuncia. Un año después, la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, emitió su vista fiscal en la que solicitó que se abra causa criminal contra Mizrachi, Eduardo Jaén, exdirector de la AIG, y Adonay Ortega, consultor de la AIG.
La fiscal señala a Jaén porque efectuó los pagos a la empresa de Mizrachi sin que supuestamente se hubieran instalado las licencias pactadas en el contrato, y a Ortega porque era el encargado de instalar Criptext. La audiencia preliminar por este caso aún no tiene fecha, en espera de que la Corte resuelva un recurso de la defensa.