Que los tres magistrados del Tribunal Electoral (TE) –Gerardo Solís, Eduardo Valdés y Erasmo Pinilla– y sus suplentes –Yara Campos, Sharon Dumanoir y Lourdes González– sean separados de sus cargos, investigados y destituidos, fue la solicitud que hiciera Ricardo Martinelli, en su calidad de presidente del Partido Cambio Democrático (CD), al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada.
Las peticiones forman parte de la “denuncia administrativa” presentada por el mandatario ante la Corte Suprema de Justicia el 23 de mayo de 2012, a través del abogado Hugo Polo.
La citada denuncia administrativa contra los magistrados del TE y sus suplentes guarda relación con las elecciones parciales realizadas el 4 de diciembre de 2011 en el distrito de El Bebedero, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, cuya anulación solicitó el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Según el denunciante, los magistrados del TE y sus suplentes violaron las disposiciones del Código Judicial relativas a la Ética Judicial, específicamente las llamadas “Normas de conducta” (Título XVI, Capítulo I, artículos 447 y siguientes).
Para sustentar su denuncia, el abogado Polo argumentó que el TE “se ha excedido de [sic)] su competencia”, ya que las demandas de nulidad contra las elecciones celebradas en El Bebedero “no debieron ser admitidas”.
Igualmente se queja de que no se cumplieron “los trámites y requisitos de la regla de reparto...”; que “el expediente fue manipulado o manejado de manera irregular en violación a los trámites y al debido proceso...”; “que no fueron garantizados los derechos y garantías fundamentales”, y que los magistrados del TE, a pesar de su “vasta experiencia”, vulneraron “el principio universal de derecho constitucional sobre seguridad jurídica...”.
El demandante hace hincapié en su oposición al hecho de que el magistrado Solís sea el ponente en el caso de El Bebedero.
Las suplentes de los magistrados del TE fueron incluidas en la denuncia porque, a juicio del demandante, “pudiera existir una participación y complicidad de manera directa o indirecta, por acción u omisión...”.
Finalmente, el abogado del mandatario alegó en su denuncia que el caso no debería ser ventilado en el TE, sino en la Fiscalía Electoral, a cargo del exmilitante de CD Eduardo Peñaloza.
Fuentes del Órgano Judicial aseguran que este caso quedó en manos del magistrado Harry Díaz, quien todavía no la ha admitido ni rechazado.
Justamente por ello los magistrados del TE no han sido notificados aún.
Más denuncias
También en manos del magistrado Harry Díaz está la más reciente de las acciones legales presentadas por el presidente Martinelli contra los magistrados del TE.
Se trata de una denuncia penal por supuesta corrupción, abuso de autoridad e infracción de deberes de servidores públicos, que fue repartida y asignada al magistrado Díaz el pasado 11 de junio.
Esta denuncia penal contra los magistrados del TE también se relaciona con las elecciones parciales de El Bebedero, y no ha sido admitida ni rechazada aún.
Además, desde el año 2009 está en la Corte Suprema de Justicia una querella por desacato, con relación a las credenciales para los diputados de CD al Parlamento Centroamericano.
Este expediente está en manos del magistrado Alejandro Moncada. Tampoco ha sido admitido ni rechazado.
Ayer, al anunciar que retiraría la denuncia, el Presidente de la República no aclaró a cuál de ellas se refería o si hablaba de todas.
Cambio de planes
Después de que el mandatario anunciara en su cuenta de Twitter que retiraría la demanda el próximo lunes, Luis Eduardo Camacho, en calidad de vocero de CD, informó que la próxima semana el presidente, Ricardo Martinelli, solicitará a la junta directiva del partido la autorización para desistir de la demanda contra los magistrados del TE.
Camacho calificó la decisión del mandatario como “una muestra más” de que ha decidido cumplir con el llamado a la paz hecho por la Iglesia católica, en referencia a los conflictos de la semana pasada debido a la creación de la Sala V y a la venta de las acciones del Estado en las empresas eléctricas y telefónicas.
Para el también secretario de Comunicación del Estado, las acciones legales de CD contra el TE obedecen a la necesidad de “defender su triunfo en El Bebedero”, e insistió en que la denuncia la presentó Ricardo Martinelli como presidente de CD, no como Presidente del país.
