La firma del ahora magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, aparece en otro fallo polémico que condena al Estado a pagar a una empresa constructora $5.4 millones por el incumplimiento de un contrato que solo era de $260 mil.
“¿Por qué siempre que hay una decisión polémica aparece la firma del magistrado Moncada Luna?”, se preguntó el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, al comentar la decisión de la CSJ del 10 de mayo de 2013.
En el fallo, Moncada Luna y su colega Víctor Benavides condenaron al Programa de Ayuda Nacional (PAN) -antes Fondo de Inversión Social- a desembolsar $5.4 millones a Java Inversiones, S.A., por rescindir un contrato que se adjudicó en 2003 para la reparación de una carretera en Nuevo San Juan, provincia de Colón, por un monto de $269 mil 505.
El fallo de la Sala Tercera de la CSJ tuvo el salvamento de voto del magistrado Luis Ramón Fábrega.La compañía había solicitado una indemnización de $7.1 millones por daños y perjuicios que presuntamente le fueron causados tras la anulación del contrato.
“El Estado está en una situación muy delicada y negarse a pagar podría caer en desacato. Me parece inaudito llegar a una decisión otorgando más de siete veces lo que se había pedido”, destacó el presidente del CNA.
En tanto, Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz informó que fallos como estos reafirman la falta de transparencia de algunos magistrados de la CSJ y respaldan la percepción negativa que tiene la sociedad hacia el Órgano Judicial.
Por su parte, el magistrado Fábrega en su salvamento de voto, advirtió que el pago “resulta un monto exageradamente exorbitante, y sin mayores sustentos probatorios, máxime que a mi juicio, no se analizó pormenorizadamente las pruebas allegadas al proceso” .
Mientras que el procurador de la Administración Óscar Ceville, en su vista fiscal, calificó de “objetable” la solicitud de indemnización de la empresa, ya que no había acreditado que las máquinas y los materiales de construcción que señala en su informe de daños fueron utilizados en la ejecución de la obra.
La compañía acudió en septiembre de este año al PAN para pedir el pago de la indemnización, sin embargo, la respuesta de sus directivos fue que no hay presupuesto para desembolsos judiciales.