El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo ayer que irá en febrero a La Haya para definir con su equipo jurídico la réplica a Chile en el litigio que le sigue ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) por un acceso soberano al mar.
“El 13 o 14 de febrero viajo a Europa, primero para ver la demanda marítima con nuestros expertos nacionales e internacionales”, anunció Morales en un acto público de entrega de obras viales en la región de Oruro, sur del país.
Morales, que aprovechará el viaje para gestionar en Roma ante la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) fondos para riego, llevó a Chile ante la CIJ en 2013 para obligarle a negociar “de buena fe” una salida soberana al mar.
La Corte de la Haya se declaró competente en 2015 para considerar el caso. Chile entregó en julio pasado su posición respecto de los argumentos bolivianos contenidos en su demanda.
En septiembre los agentes de ambas naciones acordaron pedir a la Corte una segunda ronda de alegatos escritos. Bolivia tiene plazo hasta el 21 de marzo de 2017 para presentar su réplica, mientras que Chile dispone hasta el 21 de septiembre para la dúplica.
A causa de la falta de acceso propio al océano Pacífico, Bolivia señaló que tiene dificultades en su comercio internacional, que fluye preferentemente por los puertos chilenos de Arica e Iquique. Recurrentes huelgas portuarias en Chile torpedean, según el Gobierno, sus intereses económicos.
Chile señala que no tiene asuntos pendientes con su vecino, aunque La Paz asegura que recibió ofertas durante al menos los últimos 70 años, en diferentes gobiernos y momentos históricos para resolver el centenario diferendo.
La Paz y Santiago carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, cuando fracasó un nuevo intento por resolver el enclaustramiento marítimo de Bolivia, que perdió sus 400 km de costa en 1879 en una guerra contra Chile.
En los últimos meses, las tensiones entre ambos países subieron en parte por quejas del Gobierno boliviano de supuesta discriminación de sus transportistas connacionales en la frontera con Chile como parte, según el vicepresidente Álvaro García, de un “sabotaje silencioso”.