El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió ayer al Congreso que investigue denuncias que le involucran con tráfico de influencias en favor de una firma china que tiene millonarios negocios con el Estado y donde su expareja es alta ejecutiva.
“Pido mediante el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, que organice esta comisión legislativa, si creen que hay tráfico de influencias, que investiguen. No tenemos nada que ocultar”, dijo Morales en una breve declaración a la prensa.
Un día antes, el mandatario solicitó a la Contraloría “investigar los procedimientos administrativos” en el proceso de contratación entre el Estado y la firma china, de la que su expareja, una joven de 28 años, es ejecutiva.
Morales, de 56 años de edad, admitió esa relación, entre 2005 y 2007, cuando la joven tenía 18 años de edad, producto de la que nació un hijo, que posteriormente falleció, según versión del mandatario.
El caso fue destapado por un conductor de televisión que consideró“completa y totalmente irregular, y es un acto de corrupción, poner a la madre de su hijo a que trabaje en la empresa que tiene la mayor cantidad de negocios y la que mueve más plata (dinero) en este país”. La oposición se sumó de inmediato a la denuncia y consideró, según la diputada de derecha Norma Piérola, que hay un “delito de uso indebido de influencias que afecta al Estado”.
La firma china CAMC se adjudicó con el Estado siete contratos por un valor de 576 millones de dólares, en distintas áreas.
El gobierno rescindió contrato a CAMC en diciembre pasado por retrasos en la construcción de una vital línea férrea entre el centro y el este del país, obra valuada en 250 millones de dólares.
Morales participó ayer en un acto desarrollado en la ciudad de Sucre, sede del Órgano Judicial boliviano, para la puesta en vigencia de los códigos Procesal Civil y de Familias.
La ofensiva contra Morales ocurre a 10 días de que los bolivianos acudan a un referendo popular que consultará acerca de una reforma constitucional para que el jefe de Estado, que gobierna desde 2006, pueda presentarse a una nueva reelección hasta 2025.
La ley de convocatoria a referendo, aprobada por el Congreso oficialista, fue promulgada en noviembre pasado.
La mayoría oficialista del Congreso aprobó con más de dos tercios de los votos la modificación de un artículo de la Constitución para permitir dos reelecciones de manera continua en lugar de solo una, como reza actualmente.
Morales, que asumió en enero del año pasado para el mandato 2015-2020, amparado en la Constitución de 2009, podrá postularse en las elecciones de 2019 con miras a una gestión 2020-2025, si la ciudadanía aprueba la reforma.
En el referendo, el oficialismo apuesta por profundizar el modelo económico que le ha permitido al país una notable recuperación durante la última década, según ha dicho el propio Morales y legisladores afectos al mandatario,
La oposición, fragmentada y sin un liderazgo lo suficientemente capaz de enfrentarse a Morales, considera ilegal la reforma.