El juez a cargo del mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, Sergio Moro, declaró ayer que el país necesita “remedios amargos” para combatir este flagelo “sistémico”.
A los 44 años, este juez de primera instancia se transformó en un símbolo de la lucha anticorrupción al imponer pesadas condenas a políticos y empresarios involucrados en una red de desvíos montada en torno a la estatal Petrobras. “Lo que vimos fue un caso de corrupción sistémica, corrupción como una especie de regla del juego”, afirmó Moro en una entrevista publicada por el diario O Estado de Sao Paulo.
“Lo que más me llamó la atención tal vez haya sido una casi naturalización de la práctica de la corrupción. Empresarios pagaban [sobornos] como una práctica habitual y los agentes públicos los recibían como si fuese algo también natural. Eso fue bastante perturbador”, señaló el magistrado.
Desde que se hizo público en 2014, el caso Petrobras ha puesto en la mira a decenas de legisladores de varios partidos y envió a prisión a empresarios de la élite de Brasil. El propio expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), símbolo de la izquierda latinoamericana, será juzgado por Moro en este caso, en el que la fiscalía lo apunta como el “comandante máximo” del esquema de corrupción que durante una década drenó más de $2 mil millones de la petrolera.
Inspirado en la operación Mani Pulite (manos limpias), que desarticuló una compleja red de corrupción en Italia en la década de 1990, el caso en Brasil avanza y es una fuente constante de tensión en la clase política.
“Es preciso aplicar remedios amargos. La justicia necesita ser efectiva para demostrar que esa práctica [de corrupción] no es tolerada”, afirmó Moro en la entrevista, en la que se negó a hablar sobre casos aún por juzgar –como el de Lula– o sus afinidades ideológicas. “Estos procesos, a mi modo de ver, no tienen nada que ver con una cuestión político-partidaria o político-ideológica (...) el juez va a juzgar basándose en las pruebas”.
A lo largo de 2015 y 2016, las manifestaciones que pedían la salida de Dilma Rousseff del poder –destituida por el Congreso el pasado agosto– izaron el nombre de Moro como un “salvador” del país por su combate a la corrupción. Además de afirmar tajantemente que “jamás” entraría en ninguna actividad política, Moro sostiene que el caso que conduce no va a acabar con la corrupción en Brasil. “No existe una salvación nacional, no existe un hecho o una persona que vaya a salvar al país. Un caso, por su escala, como el caso Lava Jato, sí puede ayudar a mejorar la calidad de la democracia”, concluyó.