La primera semana de vigencia de la Ley No. 16 de 17 de junio de 2016, la cual establece el nombramiento de los jueces de paz en reemplazo de los corregidores, concluyó con pocos avances.
De los 181 jueces de paz del Primer Distrito Judicial que debían estar nombrados el 2 de enero, solo estaban en sus puestos 23 de estos funcionarios, correspondientes a los 23 corregimientos del Municipio de Panamá.
Otros de los gobiernos locales que debían implementar esta normativa anunciaron durante esta semana que comenzarían con el proceso de selección y nombramiento de los jueces de paz.
Por ejemplo, en el Municipio de La Chorrera comunicaron que en 15 días concluirían con esa etapa, para contar con los jueces de paz en sus respectivas oficinas.
En tanto, el Municipio de San Miguelito emitió un decreto esta semana en el que habilitó a corregidores y jueces nocturnos de ese gobierno local como “secretarios judiciales interinos”, mientras completa el nombramiento de los nuevos jueces de paz.
Según las autoridades de ese municipio, se encuentran en el proceso de nombrar a estos funcionarios de justicia.
Sobre el atraso en las designaciones, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, subrayó que se está violando la ley que entró en vigencia esta semana.
“Estas personas ahora mismo no tienen facultad para dictar justicia”, indicó la activista sobre los nombramientos temporales que llevó a cabo el Municipio de San Miguelito.
Según Castillo, no hay excusa, ya que desde hace 18 meses los gobiernos locales sabían que tenían que nombrar a este personal. “Simplemente no hay voluntad política”, añadió.
El Primer Distrito Judicial está conformado por las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Emberá Wounaan, Madungandí y Wargandí. Mientras que para el resto del país los jueces de paz deben estar nombrados el próximo 18 de junio.
OTRAS DESIGNACIONES
Esta semana también el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, hizo efectivo el nombramiento de los tres “delegados administrativos” que aplicarán la justicia comunitaria de paz en las comarcas gunas de Madungandí, Wargandí y Puerto Obaldía.
Karen Palacios, subdirectora de Resolución de Conflictos, indicó que estos son los únicos casos en los que el Ministerio de Gobierno nombra a los jueces de paz.
Estos tres delegados administrativos pueden intervenir en casos de alteración del orden público y garantizar la convivencia pacífica en situaciones de riña o pelea, quemas de basura que afecten relaciones entre los vecinos, ruidos y molestias desagradables, actos que impidan el libre tránsito, entre otros.
La implementación de los jueces de paz en el Primer Distrito Judicial costará entre $6.5 millones y $10 millones.