La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al Congreso de El Salvador no aprobar un proyecto de ley para amnistiar a los responsables de crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
“Si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador”, señaló la expresidenta chilena.
El texto fue publicado en su cuenta de la red Twitter por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica.
Una comisión del Congreso salvadoreño estudia la aprobación de una ley de reconciliación que conceda “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a las personas que hayan participado en delitos de guerra entre 1980 y 1992, independientemente del sector al que hubieran pertenecido, como el Ejército, la guerrilla o los denominados “escuadrones de la muerte”.
El gobierno y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), bajo la mediación de la ONU, firmaron el 16 de enero de 1992 los acuerdos de paz que acabaron con el conflicto de 12 años que dejó más de 75 mil muertos, 7 mil desaparecidos y cuantiosas pérdidas económicas.
Con el fin de la guerra, todo clamor de justicia chocó durante 24 años con la ley de amnistía de 1993, la cual fue declarada violatoria de la carta magna por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2016.
Tras la declaración de inconstitucionalidad, familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto iniciaron procesos judiciales para buscar la verdad, el castigo de culpables y una reparación.
Bachelet advirtió de que la aprobación de una nueva amnistía otorgaría “impunidad a los autores de delitos muy graves” y de paso “aumentaría la probabilidad de que esos hechos se repitiesen”.
“Exhorto a los legisladores a que aprovechen la oportunidad histórica de crear condiciones para la reconciliación, mediante la aprobación de una ley que permita la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición en beneficio de las víctimas”, añadió la funcionaria chilena.