Las mismas empresas que hace unos meses vendieron al Gobierno artículos para promocionar el programa 120 a los 70 –por casi 2 millones de dólares– figuran en la lista de sociedades favorecidas por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) con millonarios contratos para suministrar jamones, pavos, bolsas con comida navideña, electrodomésticos y otros artículos.
Se trata de un pequeño grupo de empresas de reciente constitución en las que figuran como dignatarios empleados del empresario de Penonomé Carlos Caneto Ararúz, amigo personal del ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y conocido del director del PAN, Rafael Guardia.
Estas compañías han recibido contratos por más de 20 millones de dólares para abastecer a diputados oficialistas y opositores con bolsas con comida y sillas de ruedas, entre otros artículos.
Algunas de esas empresas son: Price Plus Investment, S.A. y Distribuidora Amazon, S.A. (creadas en mayo de 2010), Unitel Trader, S.A. y San Gayetano, S.A. (creadas en agosto de 2010), Distribuidora Wisconsin, S.A. (creada en julio de 2010) y Fómula Express, S.A. (creada en julio de 2011).
Por lo general, las órdenes de compra y contratos están firmados por René Guardia Camargo –que trabaja para Caneto Araúz– y militante del gobernante Cambio Democrático (CD).
Su rúbrica también aparece en un contrato de 3.7 millones de dólares que pactó en 2011 la empresa Unitel Trader, S.A. con la ministra de Educación, Lucy Molinar, para suministrar 258 mil mochilas.
Como ha sido una constante, Araúz evitó hablar de estas millonarias contrataciones.
COMPRAS FRACCIONADAS
La mayoría de las órdenes de compras y contratos con estas empresas están por debajo de los 300 mil dólares, cifra tope autorizada para que firme el director del PAN.
Aunque las compras fueron fraccionadas, ello no fue óbice para que la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, refrendara cada una de ellas. Por ejemplo, el 28 de noviembre pasado refrendó cinco contratos por más de 800 mil dólares para adquirir un mismo producto: bolsas con comida navideña (ver facsímiles).
Esta práctica no es nueva en el PAN. Desde la administración de Giacomo Tamburrelli (2009-2012) se implementó para evitar que los documentos pasaran por el trámite de revisión del consejo directivo del PAN, integrado por los ministros de la Presidencia, Educación, Obras Públicas, Desarrollo Social, y un representante de la Asamblea.
El Decreto 690 del 22 de julio de 2010, que creó el PAN, señala en su artículo 3, numeral 5, que es función de este consejo: “Aprobar los proyectos cuya cuantía sea mayor de 300 mil dólares”.
Es tanta la mercancía que ha comprado el PAN en los últimos meses, que ha tenido que alquilar galeras privadas –por más de 120 mil dólares–, según documentos de esa entidad.
OPOSITOR BENEFICIADO
En la lista de diputados beneficiados con bolsas con comida navideña, curiosamente figura Raúl Pineda, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Pineda –que a lo interno de su partido ha sido señalado por presentar iniciativas legislativas del Ejecutivo– recibió del PAN bolsas con comida valoradas en 100 mil dólares.
Pineda es el único diputado opositor que aparece, al menos con nombre propio, en órdenes de compras gestionadas por el PAN.
COSTOSAS MÁQUINAS
Además de los jamones, pavos, bolsas con alimentos, electrodomésticos y juguetes para apoyar a “familias de escasos recursos”, el PAN compró en los últimos tres meses máquinas de coser y para moler, que también regalan los diputados del gobierno en sus actividades.
Este negocio se lo adjudicó el director del PAN a dos empresas: Hagoca M. Group, S.A. y APM Supplies, S.A., ambas ligadas con Poulett Morales Montero, propietaria de un almacén de ropa en el área de Marbella.
Morales Montero es la representante legal de Hagoca M. Group, S.A., mientras que su empleada Janeth Araúz de Caballero aparece como representante de APM Supplies, S.A.
Curiosamente, la dirección que aparece en el Ministerio de Comercio e Industrias de ambas empresas es la misma que su boutique. Ambas sociedades facturaron en el PAN más de 600 mil dólares por la venta de máquinas de coser y para moler.
El 11 de octubre pasado, la contralora Torres de Bianchini refrendó un contrato a Hagoca M. Group, S.A. –por un monto de 154 mil dólares– para proveer 800 máquinas de coser. Es decir, cada una de esas máquinas costó 192 dólares.
Morales Montero no es desconocida en el PAN. Entre los años 2010 y 2011 facturó 6 millones de dólares por la venta de mochilas escolares al Ministerio de Educación. El negocio lo hizo a través de la compañía APM Supplies, S.A.
En marzo pasado dijo a este diario que en la boutique tenía un área reservada con dos escritorios para la operación de su compañía.
Este medio le envió un correo electrónico a Morales Montero el pasado martes para conocer su explicación sobre el porqué vendía máquinas de coser y de moler maíz desde la boutique, pero en esta ocasión no contestó.
NIEGAN PROSELITISMO
En una entrevista concedida ayer en TVN, el diputado por CD José Muñoz negó que estén utilizando recursos públicos para hacer proselitismo.
Por su parte, la alcaldesa de la comuna capitalina, Roxana Méndez, rechazó que detrás de la entrega de bolsas con comida haya algún interés político.
Méndez regaló ayer cientos de bo lsas navideñas en el barrio de Curundú.
“Lo más importante es sentir la satisfacción de que familias humildes puedan llevar algo a la mesa durante la cena navideña”, dijo.
El despacho superior de la Procuraduría de la Nación archivó las sumarias seguidas al director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia, por delitos contra la administración pública, luego de la denuncia presentada por el abogado Eduardo Lamphrey Jiménez que lo acusó de la supuesta utilización de fondos del Estado para campañas políticas.
Fuentes de la Procuraduría informaron que la denuncia interpuesta el 15 de abril pasado fue archivada porque no había méritos para seguir el proceso y, además, no se aportaron suficientes pruebas para determinar que se cometió un delito. Lamphrey, sin embargo, había desistido de la acción penal, pero los delitos contra la administración no admiten desistimiento.
Guardia fue acusado por el delito de peculado, por supuestamente usar bienes del Estado en actividades políticas a favor de candidatos y precandidatos de Cambio Democrático (CD). Este proceso lo llevó adelante el despacho superior de la Procuradora de la Nación, Ana Belfon, debido a que Guardia es un funcionario con mando y jurisdicción en todo el país.
La denuncia citaba una nota publicada en el diario La Prensa del 2 de abril de 2013, titulada “El PAN compró lámparas sobrevaloradas”, según la cual, dicho programa “pagó $150 por cada lámpara solar que suministran no solo los actuales diputados oficialistas, sino, al menos, dos precandidatos a diputado y a representante de corregimiento, a pesar de no ser servidores públicos”.
Elio Núñez