La jueza de cumplimiento, Malena Caballero negó una solicitud de extinción de pena presentada por el exdirector de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud Pablo Solís, condenado a 18 meses de prisión por envenenamiento masivo con dietilenglicol.
En una audiencia que culminó en horas de la noche del pasado viernes, la jueza Caballero negó la petición sustentada por Víctor Almengor, abogado de Solís. Durante el acto, la fiscal de cumplimiento Roxana Hernández se opuso a las pretensiones de la defensa de Solís y solicitó el cumplimiento de la pena de prisión.
Hernández argumentó que la Sala Penal, al dictar sentencia en este caso en abril de 2017, planteó que las irregularidades en la producción de los medicamentos ocasionaron graves perjuicios a gran parte de la población afiliada a la Caja de Seguro Social (CSS), entidad que distribuyó los medicamentos contaminados.
Almengor expuso que la acción penal se encuentra prescrita, ya que los hechos se remontan a 2006, por tanto, han transcurrido más de 10 años.
El abogado presentó a la jueza Caballero el documento que acredita que su cliente estuvo detenido preventivamente por 35 días. También mostró fotocopias de las distintas notificaciones, luego de que le sustituyeran la orden de detención preventiva por la de notificarse cada 15 días ante un tribunal.
Aseguró que todos estos elementos probaban que Solís había estado sometido a medidas restrictivas de la libertad por más de 18 meses y que lo prudente sería declarar la prescripción de la acción penal.
La jueza, finalmente, negó estas pretensiones.
El pasado viernes, otra jueza de cumplimiento —llamada Hormilda Miranda— declaró extinta la pena de 18 meses de prisión a Linda Thomas, exjefa del Laboratorio de Medicamentos de la CSS.
Miranda sí reconoció el tiempo en que Thomas estuvo con medidas cautelares por orden de la fiscalía.
