Durante los últimos seis años, el Estado ha destinado 24.4 millones de dólares en concepto de ayuda económica para instituciones que ofrecen sus servicios a personas en situación de vulnerabilidad.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene un programa de subsidios que es distribuido en 100 instituciones no gubernamentales que brindan cuidado y protección a menores en situación de riesgo social, adultos mayores abandonados, mujeres maltratadas e indigentes, entre otras.
La cifra es inferior al subsidio destinado solo en los pasados comicios electorales, en el que se distribuyeron 70 millones de dólares a los distintos partidos políticos.
Alcibiades Vásquez, ministro de Desarrollo Social, reconoció que el monto es “insuficiente” para atender las necesidades de esta población en riesgo; no obstante, acotó que en esta gestión de gobierno el presupuesto se ha aumentado.
En el año 2012 la cifra total destinada fue 3.2 millones de dólares, y para este año la cifra es de 4 millones de dólares, para benificiar a un total de 8 mil 700 personas.
Aunque Vásquez manifestó que el Estado debe dar respuesta a la población menos favorecida, apuntó que la función primaria de atención a la niñez, los adultos mayores y demás población vulnerable “es y debe ser de la familia”.
EL ESTADO NO CUMPLE
Sin embargo, la realidad es distinta a lo planteado por Vásquez, ya que datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) dan cuenta de que en todo el país hay 2 mil 12 niños institucionalizados, que están distribuidos en 59 albergues en el país.
Domingo Barrios, presidente de la junta directiva de las Aldeas Infantiles SOS Panamá, explicó que a pesar de que el Estado es el responsable al 100% de los niños en riesgo social, no se ocupa en su totalidad de sus necesidades y los obliga a “vivir a merced de la caridad”.
Mencionó, por ejemplo, que las Aldeas Infantiles SOS Panamá destina un monto anual de 2.5 millones de dólares para atender a los cerca de 600 niños y niñas que tiene bajo su cuidado producto de órdenes judiciales o casos remitidos por la Senniaf y el Mides.
De ese presupuesto, el 80% proviene de organizaciones internacionales, 15% de donaciones locales y un 5% del Estado.
Anualmente el Mides otorga a esa oenegé 130 mil dólares, lo que alcanza solo para 23 niños de los cientos que atienden, dijo Barrios, tomando en cuenta que se destina en promedio 400 dólares mensuales por niño.
Por su parte, sor Lourdes Reiss, directora del Orfanato San José de Malambo, precisó que su presupuesto anual es de 1.5 millones de dólares y solo reciben 200 mil dólares del Mides.
Con ese monto en Malambo solo pudiesen ser atendidos 40 niños y no los más de 130 menores que actualmente reciben atención a diario.
Ambos coincidieron en el hecho de que sus ingresos provenientes del exterior del país han sido reducidos a raíz del crecimiento económico que ha tenido el país.
“Desde afuera se nos ve como un país rico” y ya los organismos internacionales han hecho varios recortes y continuarán realizándolos, expresó Reiss.
Para solventar esta fuga de recursos, estas instituciones han propuesto que se apruebe una ley en la que se obligue al Estado panameño a destinar 400 dólares mensuales por cada niño que sea institucionalizado.
De acuerdo con la cantidad actual de niños institucionalizados, el presupuesto anual que se debería destinar es de aproximadamente 10 millones de dólares.
Barrios señaló que la iniciativa se viene gestionando desde hace siete años y pese a haber acudido al Despacho de la Primera Dama y al diputado presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, no ha podido emerger.
En la norma que se propone, se fijan parámetros para que estos hogares de acogida establezcan normas de calidad en atención, rindan informes de los recursos que reciben y el Estado pueda exigir resultados de los programas que desde allí se imparten.
Con esta propuesta se haría “justicia social” a los cientos de niños en esta situación para que las organizaciones sean aliadas del Estado y “no sus salvadores”, concluyó Barrios.
LA FAMILIA ES LA CLAVE
Para Esmeralda Arosemena de Troitiño, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora sobre los derechos de los niños, esta es una situación realmente “crítica”.
Desde su punto de vista la génesis del problema está en el poco o nulo hincapié que se hace en los problemas familiares.
Añadió que la “responsabilidad y obligación” del Estado es atender y promover a la familia con el ánimo de prevenir la desintegración, asegurando que los niños, niñas y adolescentes sean atendidos en la plenitud de todos sus derechos.
Recortes obligan a mejorar
Entre los años 2010 y 2015 el crecimiento económico de Panamá ha sido de 7.5%, y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para 2018 el país tendría el ingreso por persona más alto de América Latina. Si bien la noticia es positiva, esta posición excluye al país de recibir apoyos de organismos internacionales en la lucha contra la pobreza y financiar su desarrollo. Al respecto, el economista Adolfo Quintero dijo que esta es una realidad ineludible que nos “obliga” a focalizar y mejorar la gestión de los recursos estatales. El especialista añadió que urge hacer frente a la corrupción, dado que las estimaciones por malos manejos de recursos están en los mil millones de dólares.