Honduras erosionó la lucha contra la corrupción con la entrada en vigor, el 18 de octubre, de la Ley de Reactivación del Fondo Departamental, que permitió el presunto desvío de fondos públicos para sectores vulnerables a campañas políticas, denunció la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih).
El ente creado por la Organización de Estados Americanos en 2016 dijo en un comunicado que la ley “erosiona el marco jurídico institucional de la prevención y combate de la corrupción”.
La norma habilita a los diputados a recibir fondos del Ejecutivo para destinarlos a obras sociales. Pero en una decena de casos presentados por la fiscalía contra la corrupción con el apoyo de la misión, los fondos destinados a sectores vulnerables fueron desviados a cuentas personales y a campañas políticas.
El oficialista Partido Nacional y el opositor Partido Liberal se beneficiaron de estos desvíos del fondo que había sido derogado y que la ley volvió a reactivar, según la Maccih.
Entre los argumentos de la Maccih están que la norma colisiona con la Constitución, porque los diputados carecen de facultades para administrar fondos públicos, una función que corresponde al Ejecutivo. Recordó que el Congreso ya había intentado en enero de 2018 reactivar el Fondo Departamental a través de una reforma a ley del Presupuesto, pero fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Además, indicó que la ley “evitaría cualquier tipo de investigación y acción penal por parte del Ministerio Público sobre aquellos fondos que hubiesen sido otorgados a todo tipo de servidores públicos”.
De acuerdo con la norma, el Tribunal Superior de Cuentas sería el encargado de investigar a las personas que hagan uso indebido de los fondos. Si se comprueba, el tribunal puede otorgar a los implicados un plazo de cuatro años para devolverlos, antes de ser encausados penalmente.
Otro de los argumentos es que la ley establece que si existen sospechas sobre el uso indebido de estos fondos por parte de diputados, “sería necesario acudir al Congreso (...) para que el pleno levante la inmunidad de los investigados”.