Colombia firmó ayer jueves un renegociado acuerdo de paz con la guerrilla FARC para acabar medio siglo de confrontación, que probablemente será ratificado en el Congreso la semana próxima a pesar de la persistente oposición.
Casi dos meses después de que los colombianos rechazaran el acuerdo de paz en un plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), sellaron con un “balígrafo” (una bala convertida en bolígrafo) el revisado pacto, en una austera ceremonia.
Las 800 personas invitadas al clásico teatro Colón de Bogotá contrastaban con la pompa de la firma anterior, el 26 de septiembre en la caribeña Cartagena frente a 2 mil 500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado.
El texto, alcanzado el 12 de noviembre para incluir propuestas de la oposición tras el revés electoral del 2 de octubre, busca poner fin al conflicto armado más antiguo del continente, en el que también han participado paramilitares y agentes estatales, con saldo de más de 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y 6.9 millones de desplazados.
“Este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos”, aseguró Santos, confiado en que la refrendación del texto “sea aprobada en el curso de la próxima semana”.
Timochenko, por su parte, negó que se depongan posiciones ideológicas. “Solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra, para confrontar civilizadamente las contradicciones”, dijo, al tiempo que propuso conformar un “gobierno de transición” para dar cumplimiento “cabal” al pacto.
Para muchas víctimas, como la excongresista secuestrada por las FARC Consuelo González de Perdomo, esta es una “oportunidad grandísima” de reconciliación.
Clara Rojas, otra exrehén de esa guerrilla y actual congresista, aplaudió el fin de “un gran proceso” y el compromiso de las FARC con la paz.
Esa misma tarde, el acuerdo fue llevado al Congreso, de mayoría oficialista, donde debe aprobarse e iniciarse el proceso de implementación.
El debate, que se iniciará el martes en ambas cámaras, será abierto y televisado, y con participación no solo de legisladores, sino también de víctimas y opositores.
“Estamos asumiendo esta responsabilidad con todo compromiso”, declaró a la AFP el presidente del Senado, Mauricio Lizcano.
La decisión, sin embargo, es cuestionada por quienes siguen en contra del pacto, liderados por el expresidente y actual senador de derecha Álvaro Uribe, cuyo partido anunció que llamará a los colombianos a las calles.
Aunque reconoció que hubo mejoras con respecto al texto inicial, el expresidente destacó que aún resta cambiar “aspectos sustanciales” y esbozó la idea de juntar firmas para un referendo que revise ciertos puntos.
MALESTAR DE HRW
El director de la organización defensora de los derechos humanos Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó la aparente impunidad que el acuerdo permitió finalmente para agentes del orden involucrados en asesinatos.
“En un cambio de último minuto, el Gobierno eliminó un párrafo que había sido agregado al nuevo acuerdo de paz y que acercaba el principio de “responsabilidad del mando” incluido en el acuerdo a la definición consagrada en el derecho internacional”. “El proceso de paz de ninguna forma puede justificar que el Gobierno sucumba ante las presiones de impunidad para los comandantes del ejército que temen rendir cuentas por su rol en los más de 3 mil casos de ‘falsos positivos”, sentenció Vivanco.
