El año 2019 arrancó con un nuevo choque entre la Contraloría y la Asamblea Nacional.
El contralor, Federico Humbert, anuló más de 500 cheques correspondientes a los salarios de funcionarios que trabajan para unos 18 diputados de distintas bancadas, a raíz de que no estaban laborando.
El hecho indignó a los diputados que en ese momento estaban en el pleno, y, en consecuencia, suspendieron su primera sesión. En ese momento discutían el proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal.
La diputada de Cambio Democrático Dana Castañeda solicitó a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, que así como sacó al personal del Servicio de Protección Institucional del Legislativo el pasado miércoles 2 de enero, hiciera valer a ese órgano del Estado. “No hay botellas, sino gente humilde que ahora está afectada”, se quejó.
En el discurso que pronunció durante la instalación del último periodo legislativo, Ábrego le mandó un mensaje a Humbert. “Hemos visto por primera vez a una Contraloría jugando un rol de investigador de delitos, cuando sus funciones se enmarcan en estricto derecho a garantizar el buen uso de los recursos del Estado…”.
La Contraloría anuló cheques a la Asamblea
La primera sesión del pleno de la Asamblea Nacional de 2019 solo duró media hora.
La jornada legislativa empezó pasadas las 10:30 a.m. El perredista Carlos Motta, segundo vicepresidente de la Asamblea, dirigía la discusión, pero media hora después, la diputada de Cambio Democrático (CD) Dana Castañeda solicitó un receso argumentando la necesidad de que estuvieran presentes sus colegas del oficialista Partido Panameñista para debatir el proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal. El receso se tradujo en el fin de la jornada. La próxima sesión será el lunes 7 de enero. Gustavo Valderrama, viceministro de Economía, y otros funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas que acudieron al Palacio Justo Arosemena para sustentar la propuesta legislativa que penaliza la evasión, junto a personal de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, tuvieron que retirarse del recinto.
Fuentes legislativas aseguraron que la razón principal para la suspensión de la discusión no fue la ausencia de los diputados panameñistas para debatir el proyecto de ley 591. La sesión se cayó a raíz de que se le informó a los diputados que la Contraloría General de la República, que dirige Federico Humbert, anuló más de 500 cheques -producto del pago de la segunda quincena de diciembre de 2018- pertenecientes al personal de, al menos, 18 diputados de las distintas bancadas.
Los cheques, de acuerdo con diputados consultados, se emitieron luego de que la Contraloría llegara a un acuerdo con los diputados. “Después que los había mandado, los anuló todos”, afirmó un diputado que pidió el anonimato. Agregó que la Contraloría argumentó que anuló cheques debido a que esos funcionarios no estaban laborando.
El 27 de diciembre del pasado año, durante las sesiones extraordinarias, el pleno también detuvo las sesiones, luego de que los diputados se enteraran de que la Contraloría había suspendido el pago a varios funcionarios. Ese día, Humbert les informó que sus auditores no pudieron hacer “una revisión concomitante” para asegurar que el personal estuviera en sus puestos de trabajo, debido a que la Asamblea no se los permitió.
‘No son botellas’
Ayer, durante el periodo de incidencias, la diputada Dana Castañeda había pedido a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego (que no estaba presente), que así como tuvo la valentía para sacar del Legislativo a los agentes del Sistema de Protección Institucional que cercaron el edificio el pasado miércoles 2 de enero, defendiera al personal de ese órgano del Estado.
Planteó que en la Asamblea “no hay botellas, sino gente humilde que ahora está afectada”. “A dos días [sic] de iniciar el año ya están preguntando ¿qué va a pasar con su salario?, con sus funciones”, advirtió.
Destacó que en todas las oficinas de los diputados hay reloj de marcación para digitalizar la asistencia de los funcionarios. “Ellos cumplen con su trabajo, esta no es la única institución que tiene personal, aquí se ha invertido recurso en digitalizar para tener certeza de las asistencias”, enfatizó.
Según Castañeda, esto forma parte de las presiones del Ejecutivo para intimidar a la Asamblea, por no aprobar las ratificaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, pidió a sus colegas unirse contra dichos ataques.
Ábrego fustiga
El pasado miércoles, durante la instalación de la Asamblea, Ábrego acusó a Humbert de hacer investigaciones que no le competen a su institución. “Hemos visto, por primera vez, a una Contraloría jugando un rol de investigador de delitos, cuando sus funciones se enmarcan en estricto derecho a garantizar el buen uso de los recursos del Estado… no es función de esta institución coadministrar otras e impedir el funcionamiento, y mucho menos de un órgano del Estado”, añadió. Manifestó, además, que nunca se han opuesto a la fiscalización de la Contraloría. Sin embargo, esa institución detectó múltiples irregularidades en las planillas y contratos de los diputados.
Asamblea retoma debate sobre evasión fiscal el próximo lunes
Pese a que el pleno decretó un receso hasta el próximo lunes 7 de enero, para continuar con el debate del proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal, este nuevo choque entre la Asamblea Nacional y la Contraloría podría impedir la discusión de la propuesta.
A finales de diciembre de 2018, la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, advirtió que si no se avala esta norma, Panamá regresará a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El proyecto 591 era uno de los temas por el cual el Ejecutivo convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias, a finales del año pasado. Como no se aprobó en ese periodo, los diputados indicaron que lo harían este año.