La defensa legal del director general de Ingresos durante el gobierno pasado (2009-2014), Luis Cucalón, interpuso un nuevo recurso como parte del proceso relacionado con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., que podría afectar la realización de la audiencia preliminar, fijada para el 18 de septiembre próximo.
El recurso –presentado por intermedio del abogado Juan Carlos Sánchez– pretende separar a la jueza primera penal, Águeda Rentería Sánchez, del conocimiento de la causa, la cual guarda relación con supuestas anomalías en el cobro de impuestos morosos por parte de Cobranzas del Istmo, S.A., en el gobierno pasado.
La recusación se fundamenta en que supuestamente la jueza Rentería no ha girado un oficio al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) para que evalúe la salud de Cucalón, informaron fuentes judiciales. La acción quedó radicada en el Juzgado Segundo Penal, a cargo de Johann Barrios.
El último párrafo del artículo 765 del Código Judicial dice: “De los impedimentos de los jueces de circuito o municipales conocerá el juez, del mismo ramo, siguiente en numeración...”.
Rentería fijó para el 18 de septiembre próximo la audiencia preliminar del caso, pero, según expertos en el proceso penal, si es acogida la recusación le corresponderá al juez Barrios iniciar la lectura de los más de 20 tomos que componen la investigación y ello lo podría obligar a pedir un aplazamiento de la audiencia.
Cucalón está en el Hospital Punta Pacífica desde hace poco más de 20 meses.
Debido a su condición de salud, y con el propósito de que la audiencia se lleve a cabo el 18 de septiembre, la jueza Rentería dispuso la aplicación de los artículos 62 y 63 de la Ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario y que ordena tomar las medidas pertinentes para que el procesado sea trasladado a una sala de videoconferencia de un centro penitenciario, a fin de que participe en la diligencia.
La primera fecha para la audiencia preliminar fue el 12 de septiembre de 2016, aunque no se efectuó, porque Cucalón no pudo ser notificado en el hospital.
Antes, en febrero de 2016, la Fiscalía Primera Anticorrupción pidió llamar a juicio –por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública– a Cucalón, a Cristóbal Salerno, dueño mayoritario de Cobranzas del Istmo, S.A., y a Magaly Ramos, gerente de esa empresa.
En mayo de 2015, la fiscalía ordenó la detención preventiva de Cucalón y lo envió a la sede de la Dirección de Investigación Judicial. Tres meses después, el 11 de agosto de ese año, fue enviado al Centro Penitenciario El Renacer, y el 9 de septiembre de 2015 se le envió por recomendación médica al Hospital Punta Pacífica, donde permanece.
Según médicos del Imelcf, Cucalón fue operado de los ligamentos del hombro izquierdo, sufre de hipertensión y tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva.