La fiscalía brasileña pidió el arresto de los jefes del Senado y de diputados, un expresidente y un exministro, todos ligados al presidente Michel Temer, en una nueva escalada del caso Petrobras que asedia al gobierno interino a menos de un mes de asumir.
El diario O Globo informó ayer que la fiscalía solicitó a la Corte Suprema encarcelar a Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial, y al senador Romero Jucá, exministro de Planificación de Temer que renunció en mayo tras ser acusado de obstaculizar la investigación en Petrobras.
El procurador general pidió asimismo prisión domiciliaria para el expresidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años, y que se le coloque una tobillera electrónica.
Los tres “fueron grabados intentando interferir en las investigaciones de Lava Jato”, publicó O Globo, en referencia al nombre con el que se conoce la investigación para desvelar el escándalo que drenó miles de millones de dólares de Petrobras hacia partidos políticos.
También fue cursado un pedido para arrestar a Eduardo Cunha, jefe de los diputados cuyo mandato fue suspendido por obstaculizar el proceso de investigación, pero que siguió“interfiriendo en el comando de la cámara”, según el periódico.
Los diarios Folha de Sao Paulo y Estadao también citaron a O Globo en base a una fuente sin identificar y precisaron que habían ratificado los datos por su lado. Ni la fiscalía ni la Corte suprema confirmaron a la AFP los pedidos de prisión ligados a una causa que amenaza con implosionar al sistema político brasileño.
Las potenciales detenciones de estos cuatro políticos cercanos al presidente son una amenaza para el gobierno, que a un mes de haber llegado al poder aún lucha por estabilizarse en medio de cuestionamientos a su falta de legitimidad, escasa popularidad y sospechas de corrupción.
Calheiros, Cunha, Sarney y Jucá integran la cúpula del partido de centro PMDB, que condujo Temer hasta poco antes de asumir la jefatura de Estado tras la suspensión de Dilma Rousseff.
La mandataria es sometida a un juicio político en el Senado, acusada de manipular las cuentas públicas, después de haber visto cómo su gobierno también era regado de acusaciones por la corrupción destapada en Petrobras. El veredicto final está previsto para mediados de agosto, en plenos Juegos Olímpicos de Río-2016.
Calheiros divulgó ayer una nota en la que asegura “que no practicó ningún acto concreto que pueda ser interpretado como una supuesta tentativa de obstruir la justicia” y calificó su pedido de arresto de “irracional, abusivo y desproporcionado”.
Jucá, otro de los grandes articuladores políticos de Temer, que tuvo un rol clave en la salida de Rousseff, también criticó la información. “Lamento este tipo de filtración selectiva que expone a las personas sin ningún tipo de derecho de defensa (...) Ya puse a disposición de la justicia mi secreto fiscal, bancario y telefónico”, escribió en un comunicado.
La noticia también repercutió en la Cámara de Diputados, donde el Consejo de Ética debate la eventual destitución de Cunha, figura clave en el impulso del impeachment y némesis de Rousseff, por haber ocultado cuentas en Suiza supuestamente abastecidas con dinero negro de Petrobras.
“Temer perdió la vergüenza, el país está manchado”, disparó el diputado Ze Geraldo, del Partido de los Trabajadores de Rousseff, en medio de cruces entre opositores y oficialistas recalentado por los reportes de prensa.
La solicitud del fiscal general Rodrigo Janot se basa en audios de conversaciones telefónicas tomados secretamente por Sergio Machado, expresidente de Transpetro, una subsidiaria de Petrobras. Machado grabó a los caciques del PMDB para documentar su confesión y colaborar así con la justicia a cambio de una reducción en su eventual condena.