La Fiscalía brasileña presentó ayer una nueva denuncia por lavado de dinero contra José Dirceu, el poderoso exjefe de gabinete del expresidente Lula da Silva, el mismo día en que el Supremo Tribunal Federal (STF) evaluó una petición para liberarlo.
Dirceu, hombre fuerte del primer gobierno de Lula (2003-2010), que llegó a ser mencionado incluso como su posible sucesor, está preso desde agosto de 2015 y condenado a más de 32 años de prisión por dos procesos dentro del megaescándalo de corrupción en Petrobras .
La nueva denuncia efectuada por los fiscales de la operación Lava Jato en Curitiba le acusa de 33 crímenes de lavado de dinero por más de 2.4 millones de reales (758 mil dólares al cambio actual) cometidos entre 2011 y 2014, cuando este cofundador del Partido de los Trabajadores (PT) ya llevaba años en el ojo de la justicia.
El dinero recibido de dos empresas a raíz de contratos con Petrobras le sirvió, entre otras cosas, para contratar un servicio de asesoría de comunicación para “burlar los efectos negativos del descubrimiento de sus crímenes”, según la investigación.
Deltan Dallagnol, uno de los fiscales de Lava Jato, dijo que la nueva acusación contra Dirceu llega en un “momento oportuno”, dado que el STF discutió ayer la pertinencia de un habeas corpus presentado por la defensa del exministro.
El STF decidió la semana pasada otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a dos personas ya condenadas por el mismo escándalo -un extesorero del Partido Progresista (PP, conservador) y un hacendado amigo de Lula-, así como al exmagnate Eike Batista, en preventiva.
“La libertad del inculpado conllevaría serios riesgos para la sociedad por la gravedad de sus crímenes, su reiteración delictiva y la influencia del imputado en el ambiente político”, destacó Dallagnol.
Dirceu fue uno de los personajes clave del llamado escándalo del Mensalao, una red de sobornos a legisladores a cambio de apoyo político, que le obligó a dejar el gobierno en 2005, y también del Petrolao, que drenó miles de millones de dólares de la petrolera estatal hacia partidos políticos y cuentas personales.