El debate está servido. Mientras unos critican, otros justifican el pago de 8.9 millones de dólares que hizo el Estado panameño al Vaticano para construir su nueva sede diplomática en Clayton, una zona alejada del bullicio de la ciudad.
La obra, construida bajo la gestión del nuncio Andrés Carrascosa, superó el presupuesto original de lo que sería el nuevo edificio.
Esta nueva sede, solo en construcción, ocupa más de 6 mil 600 metros cuadrados, según su Estudio de Impacto Ambiental. Es decir, multiplica varias veces la sede anterior construida en Punta Paitilla.
El contrato de arrendamiento fue suscrito el 15 de febrero de 2013 por el canciller Francisco Álvarez de Soto.
LA CONTROVERSIA
Mientras unos creen que es obligante ayudar a los Estados con los que se mantienen relaciones diplomáticas, hay otros que afirman que cada país debe pagar por sus embajadas.
Exfuncionarios consultados, que prefieren que no se revelen sus nombres, alegan que se costeó la petición del Nuncio porque quería un lugar más tranquilo que Punta Paitilla.
La embajada papal ubicada en Punta Paitilla se levanta sobre un terreno de 4 mil 302 metros cuadrados que pertenece al Estado panameño. Fue dado en arrendamiento, por 99 años, en 1962, al precio simbólico de un dólar. Sobre él, el Vaticano construyó un edificio de mil 270 metros cuadrados.
Mediante un contrato de arrendamiento firmado en 2013 entre el canciller encargado, Francisco Álvarez de Soto, y el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa, se acordó que Panamá otorgaría en arrendamiento un globo de terreno en Clayton del doble del tamaño que tiene el actual. Habían transcurrido 50 años de dicho arrendamiento. Además de doblarle el área de terreno, el Gobierno acordó renovarle el alquiler, por un dólar, por otros 99 años.
Toda vez que el Estado recibiría de vuelta el terreno de Paitilla antes de tiempo, el Gobierno accedió a “indemnizar” al Vaticano por la suma de $8.9 millones con el fin de que la Santa Sede pudiera construirse una nueva nunciatura.
De acuerdo con los planos, la nueva sede del Vaticano cuadruplica en tamaño al anterior, ya que cuenta con 6 mil 600 metros cuadrados de construcción.
“Ostentación y lujo en un país donde hay tanta pobreza”, comentó Pablo Morales, expresidente y miembro del Comité Ecuménico. Y luego matiza: “Hay que reconocer que una sede de un nuncio viene a ser una sede diplomática, porque tiene categoría de Estado”.
El obispo de la Iglesia Evangélica Metodista de Panamá alegó que hay países que hacen obras “igual o más ostentosas”, pero también opinó que “el apoyo generoso del Estado” panameño viola la Constitución, por dar privilegios a una religión. La carta magna señala que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.
“Una Iglesia católica romana cuenta con todos los beneficios, y las otras iglesias tenemos que pagar hasta el último centavo porque no hay ninguna donación del Estado”, reprochó.
Carlos Guevara Mann, experto en política exterior, cita la Convención de Viena, que norma las relaciones diplomáticas, ratificada por Panamá en 1963: “el Estado receptor deberá facilitar la adquisición en su territorio de conformidad con sus propias leyes, por el Estado acreditante, de los locales necesarios para la misión, o ayudar a este a obtener alojamiento de otra manera”.
La vieja sede de la Nunciatura en Paitilla estaba amparada en un contrato de arrendamiento de 99 años, indica Guevara Mann. Pero, como se interrumpió faltando 50 años para expirar, se indemnizó para evitar perjuicios.
¿De quién fue la iniciativa de cesar el contrato? “La decisión de reubicar la sede de la Nunciatura tuvo la coincidencia de la Iglesia panameña, del Estado y la aceptación de la Santa Sede. La carta formal de petición de reubicación partió del Estado panameño”, respondió Carrascosa a este medio.
Es decir, de él y de la pasada administración. Sin embargo, esa versión contrasta con la del Ministerio de Relaciones Exteriores, que confirmó que vino de la Santa Sede, que deseaba “trasladarse a un área menos comercial”.
A Guevara Mann le “parece razonable” el monto de la indemnización si se considera el valor del terreno en la avenida Balboa. Ese cálculo, empero, se desconoce de quién es y cuándo se hizo. Por ley, deben haber dos: uno de Contraloría y otro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Un avalúo hecho por el MEF estableció que la propiedad de Punta Paitilla vale $16.1 millones, asignándole un valor de $15 millones al terreno y $1.1 millones a las mejoras. Es con base en esa cifra que quienes defienden esta transacción justifican que Panamá haya “indemnizado” al Vaticano, ya que aún quedaban 50 años de alquiler.
Sin embargo, el avalúo señala claramente que el propietario de dicho terreno es “la Nación”, toda vez que el Vaticano es un mero arrendatario de la tierra.
Nivia Rossana Castrellón, exviceministra de Relaciones Exteriores, piensa que la indemnización es un “acto de agradecimiento por el servicio especialísimo que hiciera a Panamá la representación diplomática del Vaticano”, refiriéndose a los días que pasó el exgeneral Manuel Antonio Noriega en la sede diplomática, entre 1989 y 1990. Darle refugio al dictador “evitó un baño de sangre”, opinó.
“A la Nunciatura le tocó resistir el asedio y presiones de Washington para que se entregara Noriega a la justicia. No tengo memoria de un servicio similar que haya hecho una representación diplomática en pro de la paz, el sosiego de la sociedad panameña y la construcción de la democracia”, subrayó.
Según fuentes oficiales, Panamá paga 5 mil dólares al mes en alquiler por su embajada ante la Santa Sede, además de sufragar los gastos para la residencia del embajador.
De ahí que se critique, además, la falta de reciprocidad diplomática con Panamá al costearle al Vaticano su embajada sin ningún reconocimiento a cambio.
Castrellón opina que el principio de reciprocidad aplicado en relaciones internacionales no puede interpretarse como que una nación, por actuar de determinada manera, pueda exigirle un trato similar a otro. En política de sedes diplomáticas es asunto discrecional del Estado anfitrión, sostuvo.
LUJOS EN LA ERA DE FRANCISCO
Pablo Morales concluye que hacer una embajada con tantos lujos podría ser contradictorio con la doctrina papal. “¿Estamos seguros de que si algún día el Papa decidiera visitar Panamá se sentiría cómodo en un espacio lujoso, habiendo gente tan pobre con la que siempre se ha identificado?”, se preguntó.
De hecho, el Papa suspendió, por “despilfarrador”, a un obispo alemán, en la ciudad de Limburgo. El religioso fue acusado de emprender la construcción de una “onerosa” sede episcopal –que empezó costando 7 millones de dólares y terminó en más de 40 millones– equipada con capilla, sala de conferencias y apartamentos privados.
Justamente, el estudio de impacto ambiental (EIA) de la nueva sede –encargada por el nuncio Carrascosa– describe que el nuevo edificio tendría “acabados de lujo”, en el frente y laterales, para “embellecer la edificación”; que el nuevo edificio tiene 2 pisos, capilla para 50 personas, 4 comedores, cuyo uso va asociado al cargo que se ocupa en la Nunciatura, incluyendo uno privado para el nuncio, uno para las monjas, otro para los empleados y el principal.
La nueva Nunciatura también incluye una terraza, 12 habitaciones y sus respectivos servicios sanitarios, salón diplomático con capacidad para 200 personas y diversas comodidades, cuyo costo por metro cuadrado oscila entre los mil dólares y los mil 200 dólares, describe el EIA.