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La Organización de los Estados Americanos (OEA) inauguró ayer la versión número 46 de su Asamblea General en República Dominicana.
La sesión se inició con la promesa de limitarse a discutir el desarrollo sostenible en la región; sin embargo, la crisis de Venezuela ocupó las conversaciones informales.
También en agenda se encuentra la crisis financiera que sufre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que debió suspender sus misiones en la región por falta de fondos.
La Asamblea General de la OEA abrió ayer su período ordinario de sesiones en Santo Domingo con el reto de buscar soluciones a la situación financiera del sistema interamericano de derechos humanos y con la sombra de la crisis política y económica venezolana.
La situación de Venezuela, donde la oposición demanda un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro y la población padece una inflación galopante y escasez de productos básicos, no forma parte de la agenda de la Asamblea; pero el secretario general Luis Almagro reconoció que puede haber diálogos informales para debatir el tema entre los diplomáticos asistentes.
A la Asamblea General del organismo hemisférico han confirmado su asistencia 26 cancilleres, entre ellos la venezolana Delcy Rodríguez y el secretario de Estado estadounidense John Kerry.
Almagro es un “promotor de un golpe de Estado en Venezuela y actúa en favor de los factores opositores que pretenden, por vía de la violencia, derrocar a un gobierno constitucional”, indicó la canciller Rodríguez a su llegada a Santo Domingo.
Explicó en conferencia de prensa en el aeropuerto de Santo Domingo, que de acuerdo con la Carta Interamericana, el gobierno electo constitucionalmente debe recibir protección.
“Llegamos a Dominicana con la verdad de Venezuela que se impondrá ante cualquier pretensión imperial y agresión mediática”, insistió la diplomática.
Según Rodríguez, Almagro ha dedicado su primer año como secretario general de la OEA a impulsar “una campaña de hostigamiento” contra el Gobierno.
Almagro presentó a fines de mayo un informe de 132 páginas sobre Venezuela en el que invocó la Carta Democrática Interamericana por considerar que “estamos ante alteraciones graves al orden democrático”.
El secretario general insistió la víspera en conferencia de prensa que es “definitivamente imposible e innecesario” debatir de forma oficial la situación de Venezuela durante la Asamblea General, ya que el Consejo Permanente tiene previsto analizar el tema y su informe el próximo 23 de junio.
Sin embargo, el tema de la situación venezolana irrumpió ayer en las reuniones previas que sostuvieron miembros de la OEA con representantes de la sociedad civil.
La administración de Maduro debe reconocer que hay una crisis “para abrir canales de asistencia humanitaria” y que el país “sea beneficiario de la solidaridad internacional”, dijo Adolfo Flores, un venezolano de 25 años que participó en el encuentro en representación de grupos juveniles de su país.
La ayuda humanitaria, “en el marco que se está utilizando, esconde un deseo intervencionista”, respondió de inmediato el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez.
Almagro había adelantado la víspera que uno de los temas que espera sea tratado en la Asamblea General es la crisis por la que atraviesa el sistema interamericano de derechos humanos, que de no reunir su presupuesto deberá despedir a 40% de su personal en julio.
Personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) distribuye desde el domingo a los asistentes a la Asamblea materiales en los que se explica la situación financiera de la institución.
Almagro consideró que el financiamiento de la CIDH no debe basarse en contribuciones voluntarias, sino en un sistema de cuotas.