La violencia de grupos armados tras un eventual acuerdo de paz con las FARC es un desafío para Colombia, alertó ayer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).
A pesar del “impacto positivo” de los avances en las negociaciones en Cuba entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo insurgente, el representante de la OACDH en Colombia, Todd Howland, advirtió sobre las amenazas para el posconflicto.
“Todavía existen otros actores que están afuera del proceso de paz que están creando una crisis humanitaria”, apuntó al presentar el informe anual del organismo sobre el panorama actual que se presenta en el país.
El reporte indicó que “es posible prever que el fin de las hostilidades y la desmovilización de la guerrilla podría generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas (ganancias derivadas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, prostitución, minería, captura de recursos estatales, entre otras)”.
Añadió además que las personas que participen en la implementación de los acuerdos de paz y los propios desmovilizados “podrían ser vulnerables” a las agresiones de estas organizaciones, que ya actúan en el país y cuya desarticulación “constituye un desafío permanente para la paz”.
El conflicto armado colombiano ha involucrado desde los años 1960 a guerrillas, a fuerzas del Estado y a paramilitares, estos últimos desmovilizados durante un proceso promovido hace una década por el gobierno.
Muchos exparamilitares, sin embargo, engrosaron las filas de bandas criminales, llamadas “bacrim” en Colombia, luego de desmovilizarse. Esas “bacrim” son el principal reto de seguridad para Colombia en un escenario de posconflicto, según autoridades y observadores internacionales.
La conflagración interna deja ya oficialmente unos 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6.6 millones de desplazados.
El informe concluye con 13 recomendaciones. Entre ellas, llama al Gobierno colombiano y a las FARC a dialogar con las comunidades afrocolombianas e indígenas y garantizar sus derechos, así como con la comunidad internacional para apoyar el proceso de paz.