El Grupo de Expertos de la ONU alienta al Gobierno mexicano a aplicar las recomendaciones hechas por el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a las desapariciones forzadas y torturas contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero (sur), señaló ayer la oficina de la ONU en la ciudad de México.
Policías municipales de Iguala, estado de Guerrero, atacaron la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con un saldo de 7 muertos y 43 desaparecidos, cuyo paradero aún se desconoce. Tras los hechos, el Gobierno mexicano abrió una investigación en la cual se determinó que los estudiantes fueron entregados al cartel criminal Guerreros Unidos y posteriormente calcinados en un basurero, informe que rechazaron los familiares de las víctimas.
A principios de este año la CIDH designó a un grupo de expertos para conformar el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) tras la firma de un acuerdo con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos.
El Grupo de Expertos está integrado por los relatores especiales sobre la tortura, Juan E. Méndez; de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heynes, y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias Ariel Dulitzky, Bernard Duhaime, Jeremy J. Sarkin, Tae-Ung Baik y Jasminka Dzumhur, precisó la ONU en un comunicado.
Los expertos reconocen la voluntad del Gobierno mexicano expresada en su apoyo a la creación del GIEI, así como su disposición para que se amplíe el mandato del grupo, con el fin de concluir sus trabajos.
Los expertos resaltaron la convicción formada por el GIEI de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como se determinó en la investigación oficial. Coinciden también con la afirmación del GIEI de un “replanteamiento general” de la investigación, a partir de los déficits que se refieren en su informe en aspectos como la búsqueda de los estudiantes, la dispersión de las investigaciones, la calificación de los hechos y las alegaciones de malos tratos y torturas. Dicha investigación debe ser exhaustiva y ahondar en los distintos grados de participación de todas las autoridades que, por acción u omisión, estuvieron relacionados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
