La investigación oficial por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014 volvió a ser cuestionada.
Ahora la Organización de Naciones Unidas (ONU) asegura que está basada en declaraciones obtenidas bajo tortura, pide que tales pruebas sean excluidas del caso y apunta a que funcionarios federales habrían sido los autores y encubridores de esas prácticas.
Un informe de la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas divulgado ayer, jueves, señala que hay “fuertes elementos de convicción” de que fueron torturados 34 de los 129 procesados por la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los testimonios de muchos de estos detenidos fueron clave para sustentar la versión oficial de los hechos.
El documento agrega que fuerzas federales —policías, investigadores y/o marinos— habrían sido los autores de dichas torturas y subraya que todas esas prácticas ocurrieron a partir de que la fiscalía federal atrajo el caso, no cuando estaba en manos de autoridades estatales.
También indica que, aunque la ONU y otras organizaciones habían advertido a las autoridades de esos comportamientos y de irregularidades en la investigación, estas no actuaron “de forma diligente” e, incluso, repitieron dichas conductas.
Ante esta situación, además de pedir que se aclaren las denuncias por violaciones a los derechos humanos, la ONU solicita al poder judicial y la fiscalía “excluir o declarar nulas de oficio todas las pruebas cuando existan razones fundadas de haber sido obtenidas bajo tortura”.
“No se puede resolver una grave violación de derechos humanos con otras violaciones”, sentenció su representante en México, Jan Jarab, al presentar el documento.
De anularse esas 34 declaraciones, la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes —calificada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”— podría quedar sin fundamento, ya que no se conocen otras pruebas que la avalen, aunque la fiscalía dice disponer de ellas.
La tesis oficial sostiene que después de que los estudiantes fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías locales en la localidad de Iguala, al sur de México, los agentes los entregaron a un grupo del crimen organizado que los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río cercano.
Un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajaron durante un año en el país echó por tierra en 2016 esa versión.