Naciones Unidas instó al régimen venezolano a tomar “medidas inmediatas y concretas para detener y remediar las graves violaciones” a los derechos económicos, sociales y civiles, en un informe posterior a la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela el mes pasado.
El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado programas sociales de manera discriminatoria, por motivos políticos, como herramienta para el control social, según el informe. A la par, las autoridades gubernamentales persiguen a los grupos e individuos que perciben como amenazas, entre ellos miembros de la oposición. Las fuerzas de seguridad a menudo recurren a la tortura o a los tratos inhumanos, como descargas eléctricas, asfixia, golpizas y violencia sexual, para obtener confesiones.
El informe recomienda la disolución de la temida Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), a la que atribuye miles de ejecuciones extrajudiciales, principalmente de hombres jóvenes que han sido asesinados en enfrentamientos con las fuerzas estatales durante los últimos años. También solicita el desarme de los grupos conocidos como “colectivos”, pandillas leales a Maduro.
“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones”, dijo Bachelet en un comunicado. “Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”.
El informe se genera inmediatamente después del ataque a Rufo Chacón, estudiante de secundaria de 16 años de edad que fue cegado el lunes después de que la Policía disparó a los manifestantes en el estado occidental de Táchira, y la muerte de Rafael Acosta Arévalo, capitán de la marina que murió días después de haber sido arrestado por cargos de traición en Caracas. En una audiencia la víspera de su muerte, se vio a Acosta Arévalo en silla de ruedas, con la cara magullada y las uñas con sangre.
En una respuesta de 11 páginas, el régimen de Venezuela dijo que el informe de la ONU mostraba una “visión abiertamente parcializada” que minimizaba las medidas tomadas por el Estado para mejorar la vida de las personas y que ignoraba datos oficiales. Tampoco menciona los actos violentos de la oposición, dice el informe compartido por el Ministerio de Información.
Visita de Bachelet
En una visita a fines de junio, Bachelet dijo que habló con las familias de las personas torturadas y las de partidarios del régimen cuyos derechos han sido violados. También visitó al presidente encargado, Juan Guaidó, quien habló sobre los cerca de 700 presos políticos actualmente detenidos en Venezuela, según la oenegé Foro Penal.
Bachelet reconoció que las recientes sanciones han empeorado la situación del país, pero agregó que su economía ya estaba en estrés financiero antes de su aplicación.
Cerca de 4 millones de ciudadanos han huido de la creciente crisis económica y política de Venezuela, según las últimas cifras de la ONU.
Venezuela ha privado a las víctimas de su “derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, señala el informe. “Preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren”.