El Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias pidió ayer al Gobierno de Venezuela que libere de inmediato al líder opositor Leopoldo López, condenado el 10 de este mes a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por supuestamente incitar a protestas violentas.
El Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Detención Arbitraria se unió ayer a decenas de organizaciones de derechos humanos, gobiernos, líderes políticos y congresistas que han cuestionado la condena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 de horas de prisión emitida por la juez venezolana Susana Barreiros contra el líder opositor Leopoldo López el pasado 10 de septiembre.
En representación del organismo, Seong-Phil Hong, quien ejerce de presidente y relator del Grupo de Trabajo, pidió al Gobierno de Venezuela que libere “de forma inmediata” a López.
El pronunciamiento se produce un día antes de la jornada de protesta pacífica convocada por López a través de una carta que leyó su esposa, Lilian Tintori, un día después del fallo judicial.
“La condena fue emitida después de un proceso judicial de 19 meses, a puerta cerrada y marcado por graves irregularidades”, denunció Hong, quien precisó que en este caso no se respetaron ni el debido proceso legal ni las garantías judiciales.
Agregó que tampoco se hicieron públicos los fundamentos de las imputaciones, que no se permitió al acusado ejercer su derecho a una defensa adecuada ni se admitieron las pruebas que ofreció para su descargo.
De hecho, habiendo transcurrido ocho días desde que se dictó la sentencia, la defensa del opositor aún no tiene el fallo en sus manos, por lo que los abogados están elaborando la apelación sin contar con los argumentos de la juez.
El 12 de septiembre, dos días después de la condena, Luis Almagro, secretario general de la OEA, solicitó que la comunidad internacional tuviera acceso a la sentencia y dijo esperar que la siguiente etapa procesal, la de apelación, para la cual había un período de 10 días, se llevara a cabo cumpliendo las reglas del debido proceso y en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Ese período vence el próximo jueves, 24 de septiembre.
El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias también solicitó que se le otorgue a López una reparación integral, que incluya una compensación de carácter material y moral.
Asimismo, instó al Gobierno de Venezuela a que tome en cuenta su solicitud para que sus miembros visiten el país, con el fin de aportar al reforzamiento del estado de derecho. Ello mediante el respeto de la independencia del Poder Judicial, de las garantías judiciales, del debido proceso y de la sanción efectiva de los responsables de detenciones arbitrarias, manifestó el organismo de la ONU a través de un comunicado.
La justicia venezolana encontró a López culpable de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio intencional, por unos actos de violencia que se produjeron al término de una multitudinaria manifestación realizada el 12 de febrero de 2014, que se saldaron con tres muertos y centenares de detenidos. Las protestas, con cierres de calles, se extendieron por unos cuatro meses, con diarios enfrentamientos con las fuerzas armadas, los cuales se cobraron la vida de 43 personas.
También rechazó el fallo judicial contra López y los estudiantes la oenegé Foro Penal Venezolano. Su director ejecutivo, Alfredo Romero, declaró ayer al diario El Impulso que ese fallo demostró que no hay independencia de poderes en el país.
“Se ha recrudecido el uso del sistema Judicial como instrumento de persecución política”, argumentó. Y añadió que “especialmente, después de la sentencia contra López, el Poder Ejecutivo se ha consagrado ante el mundo como un violador de derechos humanos”.
Otro grupo que se pronunció fue el Partido Popular español (PP), que consideró que la condena al líder opositor “no ha respetado ningún estándar democrático”.
En un comunicado, el secretario de Relaciones Internacionales del PP, Ramón García-Hernández, expresó su “extrema preocupación” por “la situación” de López y de “todos los presos políticos” en Venezuela.
El dirigente español también animó a los “demócratas” y “defensores de los derechos humanos” a que apoyen hoy las manifestaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Venezuela en 22 ciudades.
“Con esta sentencia el Ejecutivo venezolano se parece más a un Estado arbitrario, que es cómo actúan los regímenes autoritarios”, afirmó García-Hernández, quien recordó que el PP apoyará y estará representado en la manifestación de hoy, en Madrid.
Añadió que “la libertad, la democracia y los derechos humanos no admiten parcelación”, por lo que subrayó que es un asunto que no solo se defiende en España o en Venezuela, sino en “todos los países del mundo”. Asimismo, defendió que “Venezuela se merece unas elecciones democráticas y transparentes” y por ello justificó la presencia de observadores internacionales.
“Tiene que garantizarse una observación transparente, técnica e internacional, de acuerdo a los estándares de la ONU, OEA, Unión Europea y Unasur, que han manifestado su interés en asistir”, declaró.
El responsable ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP consideró que existen “crecientes sospechas” de que se pueda producir un “fraude electoral”.
Venezuela celebrará elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre para renovar su Parlamento, en estos momentos dominado por el Partido Socialista Unido de Venezuela con 98 de los 165 escaños, seguido por la MUD, con 65 diputados.
El acompañamiento de organismos de la ONU y de la OEA quedó descartado ayer. A través de un comunicado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, informó de la ampliación de la lista de acompañantes internacionales para los comicios de diciembre, y anunció que además de la Unasur participarán misiones del Mercado Común del Sur, del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, del Parlamento del Mercosur y del Parlamento Latinoamericano.
Según Lucena, esta ampliación fortalece el plan de participación de mecanismos internacionales.
La funcionaria aseguró que también se sumarán autoridades y técnicos de los países que han suscrito con el CNE convenios de cooperación e intercambio en materia de desarrollo tecnológico-electoral, como Rusia, India, Filipinas, Mali y Corea del Sur; así como un grupo de “expertos de prestigiosas universidades de Europa”. Dijo que aún esperan la confirmación de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, organización a la cual pertenece el Poder Electoral venezolano.
