Naciones Unidas pedirá una investigación imparcial sobre la muerte de un concejal opositor encarcelado por su presunta responsabilidad en un ataque contra el presidente Nicolás Maduro que, según las autoridades, se suicidó al saltar desde el décimo piso de la sede de la policía política.
Ravina Shamdasani, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo el martes que los funcionarios venezolanos estaban obligados a garantizar la seguridad de Fernando Albán mientras estaba bajo su custodia.
“Pedimos una investigación transparente para aclarar las circunstancias”, agregó.
Shamdasani dijo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le ordenó al Alto Comisionado realizar un informe sobre Venezuela, pero no está claro si la muerte de Albán formará parte de ese trabajo.
Albán, de 56 años de edad, fue detenido el viernes en el aeropuerto internacional de Caracas tras arribar procedente de Nueva York, según su abogado. Estaba en Estados Unidos acompañando a otros miembros de su partido Primero Justicia en reuniones con dignatarios extranjeros que asistieron a la Asamblea General de la ONU. Albán fue arrestado por su presunta relación con el atentado con drones que sufrió Maduro en un desfile militar en agosto. Organizaciones de derechos humanos y autoridades de la Iglesia católica de Venezuela también exigieron al Gobierno una investigación sobre la muerte del concejal.
El abogado Joel García, defensor de Albán, dijo el martes a AP que “nadie estuvo presente en la autopsia” y que se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen el certificado de defunción con la información sobre la causa de la muerte.
Agregó que luego de las exequias y de que se tengan las actas, se solicitarán nuevas diligencias de investigación.
Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores del país, indicó en su cuenta de Twitter que el cuerpo del opositor fue entregado “sin procedimientos mínimos forenses”. “No podrán esconder lo ocurrido”, dijo la formación, que responsabilizó al gobierno de Maduro de la muerte.
El fiscal general Tarek William Saab dijo a la televisora estatal que la muerte de Albán se produjo cuando estaba en una sala de espera del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) antes de ser trasladado a los tribunales y solicitó ir al baño, desde donde se lanzó al vacío.
Pasado el mediodía del martes llegó a la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, el féretro con el cuerpo de Albán cubierto con una bandera venezolana. El ataúd fue colocado en uno de los pasillos del Congreso, donde decenas de opositores se concentraron para rendirle homenaje, mientras realizaban una sesión especial para condenar la muerte del político.
“La muerte del concejal Fernando Albán es un crimen de Estado. Es la consecuencia directa del ascenso del terrorismo de Estado”, indicó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país. El colectivo exigió a las autoridades la apertura de una investigación a todos los funcionarios involucrados en la detención y custodia del opositor.
En un comunicado, Provea pidió que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles y se autorice la entrada al país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.