La Organización de Naciones Unidas (ONU) mostró ayer su preocupación por los obstáculos denunciados por los expertos internacionales que investigaban el caso Ayotzinapa y pidió al Gobierno acciones decididas para atender sus recomendaciones y garantizar el derecho a la verdad y la justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, un llamamiento al que se unió Estados Unidos.
“Estamos preocupados por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”, indicó en un comunicado el portavoz del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Rupert Colville.
Colville, quien calificó de “invaluable” el trabajo de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que “es muy importante que el Gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones” del grupo, que explore “exhaustivamente las nuevas líneas de investigación” y que afronte los retos estructurales expuestos.
El documento, presentado el pasado domingo, denunció que testigos clave de la versión oficial –que dice que los 43 estudiantes fueron quemados en un basurero y sus restos arrojados a un río– habrían sido torturados y que se recogieron evidencias importantes en ese río que no se notificaron correctamente en la investigación.
El informe aportó, además, nuevos elementos que contradecían la tesis del basurero e insistía en que el móvil más probable y no investigado es el tráfico de heroína de Iguala, en Guerrero, a Chicago, Estados Unidos.
El portavoz del alto comisionado de la ONU también pidió al Gobierno comprometerse con el mecanismo de seguimiento a la investigación que ha propuesto la Comisión, una vez que México se ha negado a prorrogar el mandato del grupo de expertos, que concluye el 30 de abril, y que la Comisión determinara que no había condiciones para que estos investigadores continuaran en el país.
Estados Unidos se unió también a las peticiones para que México atienda las recomendaciones de los expertos y criticó al Ejecutivo por negarse a extender el mandato del grupo, según dijo Francisco Palmieri, subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, durante una audiencia en el Senado.
Los padres de las víctimas del caso Ayotzinapa aprovecharon que ayer se cumplieron 19 meses del crimen para convocar una manifestación con el fin de mostrar su indignación por la salida de los expertos y exigir al Gobierno que siga buscando a sus hijos y que investigue las obstrucciones denunciadas y la posible fabricación de pruebas que sugiere un video divulgado por el grupo.
El Gobierno mexicano ha insistido desde el pasado domingo que este caso es el más “abierto”, “transparente” y “auditado”, según el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien subrayó que “corresponde por ley a las autoridades mexicanas conducir esta investigación”.
La fiscalía mexicana, por su parte, informó el pasado lunes por la noche de la detención de Nicolás Nájera Salgado, presunto miembro del cartel Guerreros Unidos, el grupo involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes, junto a autoridades locales y diversos cuerpos de policía.