“La violencia contra los niños es una lacra social en Panamá, uno de los 10 países del mundo en el que los niños y adolescentes corren mayor riesgo de violencia. El 45% de los niños y adolescentes de 0 a 14 años recibió castigos físicos. Uno de cada tres ha sido testigo de palizas y gritos en el barrio. Uno de cada cuatro ha visto personas realizando disparos. Todo esto en un contexto en el que el castigo corporal no está prohibido por la ley en Panamá y además se han usado gases lacrimógenos contra niñas, niños y adolescentes para disolver manifestaciones”.
Este es el escenario que dibujó el relator del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU), Jorge Cardona Llorens, durante la revisión a la regulación jurídica y presupuestaria de Panamá y su adecuación a la Convención de los Derechos del Niño.
Panamá envió una delegación, compuesta por técnicos de poco rango y sin políticos de primer nivel, para seguir las sesiones de control que concluirán hoy en la sede del organismo internacional en Ginebra, Suiza.
Hace unas semanas, el Estado entregó a la ONU los informes V y VI que abordan los avances del país en la efectiva implementación de la Convención de los Derechos del Niño. Este tipo de reconocimientos suele producirse cada cierto tiempo, pero en el caso panameño han pasado siete años desde la última evaluación.
Cardona expuso que el Gobierno de Panamá no tiene una perspectiva integral sobre los derechos de la infancia, a la vez que criticó la dejadez del país para imponer este asunto en la agenda pública. Así planteó algunas fallas del sistema, como la falta del reporte obligatorio tras la aprobación del protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía en 2001.
El informe, que debió ser entregado en 2003, es el instrumento a través del cual la ONU vigila que el Estado panameño castigue a los intermediarios de la venta y la prostitución de niños.
“Nos lo deben [el informe] desde hace 14 años”, señaló Cardona, quien aseguró que Panamá es el único país de la región sin una ley que garantice una visión tutelar de la infancia.
“Solo tienen planes generales que no se refieren a la infancia o planes parciales referidos a la protección de niños, pero no a promoción de derechos”, agregó.
La ONU también recriminó a Panamá que no cuente con un sistema para proteger los recursos públicos de la corrupción. “Se detraen recursos por la corrupción y Panamá ha tenido muchos casos. ¿Qué medidas tienen adoptadas en la actualidad para evitar esto sobre todo?”, preguntó Cardona.
Los resultados sobre la adecuación de la realidad de la infancia en Panamá, en la que se recopila la legislación internacional vigente para la protección de los derechos de los menores, se harán públicos el próximo 8 de febrero.