El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extendió por un año la declaratoria de “emergencia nacional” sobre Venezuela, ordenada hace 12 meses, alegando que el Gobierno de ese país continúa erosionando los derechos humanos y persiguiendo a dirigentes opositores.
La situación en Venezuela “no ha mejorado” desde entonces, indicó la nota firmada por Obama.
Según la Casa Blanca, el Gobierno venezolano continúa la “erosión de los derechos humanos”, “persecución de opositores políticos, limitación a la libertad de prensa”, entre otras.
Entre tanto, la Asamblea Nacional venezolana pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) mediar en la crisis institucional agravada por un fallo que redujo sus poderes.
El Parlamento venezolano –de mayoría opositora– pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) mediar en la crisis institucional agravada por un fallo que redujo sus poderes, una apuesta compleja, pues el Gobierno acusa al titular del organismo, Luis Almagro, de respaldar “maniobras golpistas” opositoras.
La Mesa de la Unidad Democrática acordó el pasado martes solicitar que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, para que la OEA intervenga en el choque de poderes, que se registra desde hace dos meses cuando esa coalición asumió el control de la Asamblea Nacional tras elecciones legislativas.
En su exhorto, el bloque opositor adujo que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló facultades de control legislativo, ha generado una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente la democracia”.
Por ello, instó al secretario general del organismo a hacer uso de las atribuciones que le otorga la Carta Interamericana, creada para evitar quiebres institucionales en los países miembros. “Es una movida inteligente de la oposición y, sobre todo, hacerlo desde el Parlamento”, declaró la internacionalista Elsa Cardozo.
Acusado por la oposición de ser el “bufete jurídico” del Gobierno, el TSJ emitió el martes un polémico fallo que limitó el control parlamentario al Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y de los militares.
La sentencia –que el presidente de la Asamblea Henry Ramos Allup, consideró inválida y no vinculante– frenó los intentos de la oposición para reformar la corte. También impidió anular el nombramiento de 34 magistrados por parte de la anterior Cámara –de mayoría chavista– poco antes de finalizar su período en diciembre pasado.
El artículo 20 de la Convención prevé la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para valorar posibles afectaciones graves del “orden democrático” en un país miembro. “El Consejo Permanente (...) podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”, señala el texto.