El primer informe del Observatorio Judicial de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), la Comisión de Justicia y Paz y la Universidad Santa María La Antigua (USMA) hizo críticas al manejo que le dio el Juzgado Duodécimo de lo Penal al expediente relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht.
Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral y vocero del Observatorio, calificó como “erróneo” el criterio que utilizó la jueza duodécima suplente, Lania Batista, al negar la adecuación de los plazos que pidió la fiscal Zuleyka Moore en el caso Odebrecht.
Márquez Amado sustentó que en este caso la jueza Batista debió fallar con base en la Ley 121 de 2013 sobre delincuencia organizada, ya que el titular del Juzgado Duodécimo Penal, Óscar Carrasquilla, había declarado el caso como una investigación compleja.
Explicó que con base en esa legislación, Batista debió otorgar un plazo de un año a la investigación de la causa, más una prórroga de un año adicional, y no ordenar la entrega inmediata del expediente, alegando que ya se había ordenado la detención de uno de los imputados.
Indicó que el Observatorio confía en que el Segundo Tribunal de Justicia acogerá la apelación de la fiscal Moore al fallo de la jueza Batista y accederá a otorgar nuevos plazos en la investigación.
Criticó que un expediente de tanta complejidad como el del caso Odebrecht quedase en manos de la jueza Batista, siendo una jueza suplente que no conocía el fondo del expediente y que esta decisión debió corresponder al titular del despacho.
El Observatorio también criticó el pedido que elevó la fiscal Moore para que se acumularan tres expedientes relacionados con el caso Odebrecht, uno de los cuales tiene más de 17 imputados y 114 tomos, y otro tiene 130 tomos y 32 personas investigadas, lo que los hace muy difíciles de manejar.
Márquez Amado se refirió a la acumulación que pidió la fiscal de los expedientes Odebrecht-Suiza, el seguido a Constructora Internacional del Sur, ligada a Odebrecht, y el instruido por las presuntas coimas pagadas a funcionarios y particulares panameños.
El juzgado acumuló los tres casos, pero la decisión fue apelada por la defensa de uno de los imputados y ese recurso no ha sido resuelto por el Segundo Tribunal.
Según Márquez Amado, esta acumulación no tendría ningún beneficio práctico, ya que no se trata de los mismos hechos ni están vinculadas las mismas personas, y lo que ocasionó fue aumentar la complejidad de las investigaciones.
Finalmente, dijo que el Observatorio le hace un llamado a los fiscales del Ministerio Público para que decreten detenciones en los casos de alto perfil cuando sea estrictamente necesario, ya que pueden optar por otras medidas cautelares.
El Observatorio funciona desde noviembre pasado.