La constructora brasileña Odebrecht realizó en 2014 erogaciones por al menos $3.6 millones para las campañas políticas del entonces presidente-candidato Juan Manuel Santos y su contendor Óscar Iván Zuluaga, informó ayer la Fiscalía General de Colombia.
“A partir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la Fiscalía cuenta hoy con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht, en beneficio de las campañas presidenciales”, afirmó el fiscal, Néstor Humberto Martínez.
Precisó que las evidencias muestran que los pagos se hicieron desde Brasil, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa.
Sin embargo, un excongresista que está detenido por presuntamente haber recibido un soborno de $4.6 millones de Odebrecht negó que una parte de ese dinero hubiera ingresado a la campaña de Santos. Según él, Odebrecht pagó $1.6 millones de la campaña de Zuluaga, el candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe, por los servicios del publicista José Eduardo Cavalcanti De Mendonca.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía, “Odebrecht sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña presidencial de Zuluaga y el publicista De Mendonca”, en febrero de 2014, en Sao Paulo, la cual fue coordinada por Marcio Polidoro, director de Comunicaciones de la constructora para América Latina.
La nota expresa que “también se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por la suma de $1 millón, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país”.
El fiscal explicó que con la encuesta Odebrecht buscaba acercarse al Gobierno para lograr el pago de $100 millones por la construcción de una carretera, una concesión que ganó ofreciendo sobornos.
En la eventualidad de que el Consejo Electoral halle pruebas contra las campañas de Santos o de Zuluaga, podría hasta anular la inscripción de los partidos que los apoyaron, lo que en la práctica les impediría presentar candidatos para los comicios legislativos y presidenciales de 2018.
Estos hechos se producen cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) negó un trato preferencial a la constructora a través de un comunicado, así como para la adición de la vía Ocaña Gamarra y las reclamaciones hechas contra el Estado.
Según la autoridad, el contrato de la autopista Ruta del Sol II fue objeto de un seguimiento para proteger el interés público, y las reclamaciones hechas por los sobrecostos del proyecto no fueron aceptadas, por lo que Odebrecht demandó a la ANI por 7 mil millones de pesos ($2.3 millones); luego renunció a esta iniciativa.
(Con información de Reuters y ‘El Tiempo’)