Amenazas de muerte dijo haber recibido el exdirector de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Franklin Oduber, por haber paralizado segregaciones de tierras en Bocas del Toro y retenido los planos originales de cuatro fincas que posee la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, S.A. (Decsa).
“A raíz del retiro de los planos, yo recibí dos amenazas de muerte: una por una mujer, y otra por un señor que me dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo, porque estaban siguiéndome, y que ellos sabían lo que yo estaba tratando de hacer”, contó Oduber a La Prensa.
Aunque aclaró que no interpuso una denuncia, sí tuvo seguridad del Servicio de Protección Institucional.
Las cuatro fincas aludidas fueron adquiridas en acelerados procesos de prescripción adquisitiva –al igual que otras siete– que se encuentran en investigación por las autoridades, luego de detectarse que los planos habrían sido “alterados” con la finalidad de adueñarse de tierras protegidas en el humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé, según se desprende de un informe técnico de la Anati.
Debido a la acción de la Anati, uno de los representantes legales de Decsa, el diputado y candidato presidencial en Costa Rica por el Partido Liberación Nacional Antonio Álvarez, demandó al Estado panameño por $100 millones.
“Me siento muy seguro y muy tranquilo de que nosotros vamos a ganar ese juicio… Panamá ha perdido prácticamente todas las instancias que ha hecho”, aseguróÁlvarez al diario costarricense Crhoy.com.
PROTECCIÓN
Oduber relató que retuvo los planos originales de las tierras para “garantizar la integridad de lo que se estaba haciendo”, imposibilitando cualquier trámite en el Registro Público.
“Cuando me entero del caso de las tierras en Bocas del Toro, que se publicó en La Prensa en su momento, yo envié una comunicación escrita al Registro Público para que suspendiera cualquier segregación en las cuatro fincas y que sacaran de circulación los planos originales, ya que se conocía una irregularidad”, aseguró.
El entonces director de la Anati indicó que la revisión de la ubicación de las fincas se realizó, ya que estaban por entregar un informe técnico que reveló supuestas “irregularidades” en el proceso de medición y entrega de las fincas.
En el informe técnico, al que tuvo acceso este medio, se destaca que los planos presentados ante el Juzgado de Circuito Civil de Bocas del Toro son “diferentes” a los planos originales.
Además, se cuenta con fotografías aéreas de la ubicación real de las fincas.
En tanto, Oduber afirmó que “los fallos de prescripción adquisitiva –mediante los cuales se adquirieron y posteriormente vendieron las fincas– se dieron en un tiempo demasiado rápido, respecto a lo que la ley señala. Y encima de eso, no se dieron con las formalidades y requisitos de ley”.
Los procesos de prescripción fueron instaurados por la abogada Evisilda Martínez y por personas allegadas a ella, mientras que los fallos favorables fueron firmados por el entonces juez Manuel García y su sustituta en el puesto, Vilma Bryan. García fue hasta hace poco funcionario de la Anati. Por estos negocios, la abogada habría obtenido $3.6 millones.
