Miembros de la organización Sociedad Civil Unificada en el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) denunciaron que están en “estado de indefensión” de sus derechos humanos por parte de la Defensoría del Pueblo.
El grupo está integrado por nueve oenegés nacionales y tres regionales que trabajan con las llamadas poblaciones clave en la transmisión del VIH, como son las personas que padecen tuberculosis, los hombres que tienen sexo con hombres, personas “trans” y trabajadoras sexuales, con el objetivo de vincularlos con los programas de prevención del virus que lleva adelante el Ministerio de Salud.
Sin embargo, la abogada Marlín González, a quien los miembros de esta organización autorizaron para plantear las denuncias, explicó que al momento en que estas organizaciones desean hacer su trabajo, son objeto de violaciones a sus derechos, pero cuando acuden a la Defensoría, a su juicio, no reciben la respuesta esperada.
De hecho, mencionó que en la entidad solo se registran ocho denuncias, cuando son más de 300 las quejas de las que tiene conocimiento la organización Sociedad Civil Unificada en VIH.
La queja de González fue confirmada por Víctor Atencio, funcionario de la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que como relator de Derechos Humanos ha encontrado dificultades para poder adelantar investigaciones de los casos a su cargo, por lo que consideró “debilidades internas y externas de la institución”.
Atencio acotó que muchos de los casos de violaciones a las derechos humanos van dirigidos a la población LGBT (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero).
Ante esta situación, la institución, mediante un cuestionario enviado, explicó que mantiene los canales de comunicación, acción y seguimiento en los casos de violación de derechos humanos a poblaciones clave, algunas de ellas, inclusive, llevadas de manera oficiosa, tanto de manera individual como colectiva, tal y como les faculta la Ley 7 de febrero 1997, que crea la institución.
Aseguró que en 2017 y este año se abrieron varios expedientes relacionados con casos de estas poblaciones, varios de ellos referidos por activistas de derechos humanos, aparte de los oficios por quejas de posible violación de derechos contra trabajadoras sexuales.
La entidad recordó que entre sus facultades está investigar los actos u omisiones de las autoridades y de los servidores públicos que impliquen violaciones a los derechos y deberes individuales y sociales establecidos en el título III de la Constitución Política de la República de Panamá, así como los previstos en tratados, convenios y declaraciones internacionales, suscritos y ratificados.
Además, que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera puede buscar apoyo en la entidad. Para ello, explicó, no es impedimento la minoría de edad, la incapacidad ni el internamiento en centros. Esto, según la Defensoría, se puede hacer de manera gratuita, en ausencia de solemnidades y formalismos.