Una comisión investigadora del Congreso peruano concluyó ayer martes que el expresidente Ollanta Humala debe ser procesado por un caso de asesinato y desaparición forzada de ocho personas, cuando dirigió una base militar durante la lucha contra las guerrillas, hace más de 25 años.
“El informe será presentado ante el pleno y se procede a su aprobación para que el caso sea reabierto e investigado por el poder judicial”, dijo el presidente de la comisión multipartidaria, Héctor Becerril, dirigente de Fuerza Popular (derecha), el partido que comanda Keiko Fujimori -hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000)-.
Según la comisión, el juicio se justifica porque Humala compró el silencio de testigos para que no lo incriminaran en el caso, cuando ingresó a política en 2005.
“Han venido testigos clave a demostrarlo y por eso Ollanta Humala nunca quiso declarar ante la comisión”, indicó el congresista socialdemócrata Jorge del Castillo. Humala, exteniente coronel del Ejército y presidente peruano entre 2011 y 2016, nunca se presentó a la comisión pese a haber sido citado.
La Corte Suprema decidió en 2009 no procesarlo y declarar “cosa juzgada” el caso de las desapariciones forzadas de dos personas en la base de Madre Mía, en la región amazónica de San Martín (noreste de Perú) por falta de pruebas.
Humala ha dicho en repetidas ocasiones que su accionar castrense siempre estuvo dentro del respeto a los derechos humanos. El reporte parlamentario señala que testigos reconocieron a Humala como el militar que con el nombre de guerra de capitán Carlos se desempeñó en 1992 como el jefe de la base contrasubversiva Madre Mía.
“En esa jurisdicción militar se registraron asesinatos, desapariciones forzadas y lesiones graves en la época en que el expresidente de la República Ollanta Humala Tasso se desempeñó como jefe de esa base militar”, menciona el documento de 500 páginas.
La investigación duró 14 meses y se focalizó en la actuación de Humala en los años en que Perú enfrentaba a las guerrillas y el terrorismo del grupo armado maoísta Sendero Luminoso.
La comisión indicó que “algunos jueces y fiscales no actuaron de acuerdo a la ley, favoreciendo así a los acusados por crímenes y desapariciones forzadas”.