Un bloque opositor de Nicaragua se declaró ayer en “permanente movilización” tras rechazar la violencia contra manifestantes durante una jornada de protestas que dejó la víspera 4 heridos y 10 detenidos, que fueron liberados después.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocó a realizar mañana “piquetes express” y el miércoles a sonar las bocinas de automóviles en un “pitazo” como formas de movilización para exigir al gobierno de Daniel Ortega justicia y libertad para los “presos políticos”, según un comunicado.
La coalición opositora evalúa la convocatoria a una marcha nacional el próximo fin de semana con la respectiva notificación a la Policía para fines de ordenamiento vial, según dirigentes.
La UNAB consideró “inadmisible” que el Gobierno demuestre “falta de voluntad” para resolver la crisis al incumplir un acuerdo firmado el pasado viernes con la oposición relativo a respetar los derechos y garantías ciudadanas.
Silvio Báez
Obispo auxiliar de Managua.
El compromiso oficial preveía restituir el derecho a la movilización, luego de que durante seis meses la Policía impidiera cualquier expresión de protesta opositora, tras considerar que son ilegales.
Fuerzas antimotines de la Policía arrestaron el sábado a unas 10 personas, que luego liberaron, durante una jornada de protestas. El hecho más grave ocurrió en un centro de compras en Managua, donde hubo cuatro heridos, entre ellos un hombre que disparó contra la multitud, un supuesto simpatizante del partido de gobierno.
La Policía, en un comunicado, acusó a manifestantes de alterar el orden público y de “linchamiento” a Germán Dávila, al que los opositores acusan de disparar contra la concentración.
La coalición agrupa a más de 40 grupos sociales y políticos, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que sostiene negociaciones con el Gobierno para buscar una solución a la crisis política.
La oposición se pronunció a favor del diálogo, pero consideró que el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno “no puede estar sujeto a una declaración de buenas intenciones” y propuso que de “urgencia” llegue al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como garante para liberar a los detenidos en las protestas.